El alcalde de Vilariño, a juicio por falsedad y prevaricación, se enfrenta a 5 años de cárcel

La juez lleva al banquillo al veterano Ventura Sierra (PP) por más de una veintena de contratos presuntamente a dedo -Fiscalía y oposición piden 14 años de inhabilitación

07.10.2016 | 09:31
El alcalde de Vilariño de Conso, Ventura Sierra, en una imagen de archivo. // Jesús Regal

Fue alcalde con el PSOE entre las primeras elecciones municipales de 1979 y hasta 1995. De un bando al contrario, se presentó con el PP pero no consiguió la Alcaldía. Lo hizo un año más tarde gracias a un tránsfuga. Hasta 2007, Ventura Sierra Vázquez revalidó el bastón en Vilariño de Conso, uno de los concellos con menos población de Galicia, 615 habitantes, aunque con un flujo económico importante por los ingresos de IBI de los embalses de Portas y Cenza, que circundan el municipio. Lo recuperó en 2009, tras las desavenencias del bipartito y gracias a que un concejal del BNG le dio su voto. Desde 2011, el regidor manda con mayoría. Tras una dilatada carrera, Ventura Sierra afronta en su epílogo político un proceso judicial que lo llevará inevitablemente al banquillo. Para no "dañar" al PP, ayer pidió la baja temporal como militante. Un histórico que se borra del censo.

Corre peligro su permanencia en la política pero además se enfrenta a ir a la cárcel. La Fiscalía y los denunciantes -miembros de la oposición- coinciden en la calificación y la pena: piden 5 años de cárcel y 14 años de inhabilitación para cualquier empleo o cargo público, incluido de personal asesor. El alcalde popular se sentará en el banquillo por más de una veintena de contrataciones ilegales en 2012 y 2013, sin seguir supuestamente el debido proceso administrativo y con reparos. Se trata de empleos de albañil, peón, conductor o auxiliar de ayuda a domicilio, entre otros. La secretaria formuló informes de objeción a la hora de pagar las nóminas pero, presuntamente, Sierra hizo caso omiso y las levantó por decreto para que se formalizaran los pagos.

Según la Fiscalía, Ventura Sierra "vulneró" los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad al elegir a trabajadores para determinados contratos ajustándose "a su criterio personal". Según el ministerio público, eludió dar publicidad a los puestos de trabajo para evitar otros posibles candidatos.

Al regidor se le imputa el delito de falsedad documental porque, según las acusaciones, el regidor aparentó haber seguido un proceso de selección para dar apariencia de legalidad, simulando que había entrevistado a las personas que figuraban en situación de desempleo. La investigación acreditó que las personas inscritas en el paro no fueron contactadas. "Desde que es alcalde nunca ha seguido los procesos de selección y sus normas son comprar a la gente a base de puestos de trabajo", afirma Domingo Domínguez, de la agrupación independiente AIVIC, uno de los denunciantes.

En un auto de fecha 21 de septiembre que ayer se hizo público, la juez de Trives, Susana Conde, acuerda la apertura de juicio oral contra el regidor del PP por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental continuada. La resolución es firme. La causa será remitida a la Audiencia Provincial de Ourense, la instancia que celebrará la vista oral.

El proceso se inició en 2015 tras la denuncia de tres concejales de la oposición, dos del PSOE y uno de la agrupación independiente AIVIC, el único grupo que rivaliza con el PP en la actual corporación (4 ediles frente a 3), y al que pertenecen los tres denunciantes tras las últimas municipales (uno de ellos fue en la lista pero no obtuvo representación).

Las presuntas irregularidades observadas por los rivales políticos son compartidas por la Fiscalía Provincial. Ambas acusaciones coinciden en la solicitud de condena. Por el presunto delito continuado de falsedad documental, Ventura Sierra se expone a 5 años de cárcel y una multa de 6.480 euros. Sumada a la pena propuesta por la prevaricación, las acusaciones fijan en 14 el periodo de inhabilitación para "todo empleo" público en cualquier administración pública o sociedad semi pública, "sea de ámbito local, autonómico, nacional o de la Unión Europea".

La defensa niega ambos delitos y pedirá la libre absolución en el juicio. Sostiene que Ventura Sierra respetó el proceso de selección y únicamente trató de escoger a candidatos que se encontraran en desempleo y que fuesen de la zona. Frente a las acusaciones de que el regidor enchufó a afines, su abogado, Jorge Temes, esgrime que entre los contratados también hay personas integrantes de otros partidos políticos.

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