El Consorcio Provincial de Bomberos integrado por la Xunta y la Diputación de Ourense no ha podido cumplir la fecha prevista para el inicio de la gestión indirecta del servicio contra incendios y salvamento en los parques comarcales de Verín, Valdeorras, A Limia y Ribadavia-O Carballiño. El 1 de octubre era la fecha fijada en el pliego para la puesta en marcha del servicio privatizado para los próximos cuatro años pero la adjudicación del contrato a Veicar no fue aprobada por el consorcio hasta el pasado 29 de septiembre y notificada a la empresa el lunes 3 de octubre.
De tratarse de un contrato al uso, la puesta en servicio podría producirse de forma inmediata pero la peculiaridad de este procedimiento es que se enmarca en el modelo de contrato sujeto a regulación armonizada, que es aquel que por su tipo y cuantía (en este caso 21,2 millones de euros para cuatro años), se encuentra sometido a las directrices europeas. Uno de los requisitos que establecen las normas comunitarias es la apertura de un nuevo plazo de recurso posterior a la adjudicación y que habrá de resolverse antes de la formalización definitiva del contrato. El calendario fija 15 días hábiles para la posible presentación del denominado "recurso especial en materia de contratación" al que, en caso de presentarse, deberá dar respuesta el tribunal administrativo central, en Madrid.
Dado que la notificación se realizó el lunes, el plazo finaliza el 25 de octubre. En el caso de que no se presente ningún recurso especial el contrato podría formalizarse el día 26 y hacerse efectiva la gestión indirecta de forma inmediata. El problema surge si la otra empresa que presentó una oferta, la UTE Matinsa-Eimfor-Eural, se acoge a este derecho. La alegación tiene carácter suspensivo y podría tardar de dos a tres meses en resolverse, lo que retrasaría al menos hasta final de año o inicios de 2017 la privatización de los cuatro parques. La UTE obtuvo 89,99 puntos frente a los 98,56 que recibió Veicar, tan solo 8,6 puntos de diferencia en un contrato de gran envergadura y a cuatro años, por lo que no se descarta que pueda ser peleado por las licitadoras hasta el último plazo.
De forma paralela, tanto la CIG como la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia han recurrido a la vía judicial en defensa de la gestión directa por parte de la administración pública de los parques de bomberos. La intersindical pretende impugnar el acuerdo del pleno del consorcio provincial del 21 de abril que aprobó iniciar la licitación pública y los pliegos de contratación. Este recurso está ya en la mesa del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense. A mayores, la plataforma de bomberos gallegos registró ayer otro recurso en la misma línea, pero centrado en el modelo de contrato. El colectivo defiende que un servicio de garantía para la ciudadanía como el de incendios y salvamento no puede ser prestado de forma subcontratada a una empresa privada. Ambas iniciativas no tendrían carácter suspensivo, por lo que su recorrido no afectaría al arranque de la gestión indirecta.
En la práctica, el contrato con Veicar implica la subrogación de la plantilla del parque comarcal de Verín (actualmente en manos de la empresa Eimfor), ya que la gestión de los de Valdeorras y A Limia ya corresponde a la adjudicataria. También se iniciará la selección de los 18 efectivos destinados al parque de Ribadavia-O Carballiño dotado de instalaciones y equipamiento, pero sin personal. El pliego establece que el proceso de elección de la plantilla deberá respetar los principios de publicidad y transparencia y tener en cuenta la capacidad profesional de los aspirantes, por lo que la empresa contratista deberá formular una oferta ante el Servicio Público de Empleo, y publicar un anuncio en el BOP. Del mismo modo, el pliego contempla la equiparación salarial en el plazo de un mes.
