La sustitución del sistema de bolardos que se viene utilizando para restringir el acceso de vehículos al casco histórico de la ciudad está en marcha. Así lo aseguró ayer el alcalde Jesús Vázquez después de que el grupo Democracia Ourensana formalizase una nueva petición para la "inmediata supresión", y que de nuevo llevarán al pleno que se celebra el próximo viernes,.
Sobre esta cuestión, y con la intención de evitar cualquier tipo de polémica que considera no se ajusta a la realidad, el regidor explica que en el pliego de condiciones técnicas y administrativas del nuevo contrato del servicio municipal de la ORA -zona a azul de aparcamiento de pago-, se contempla como "una de las mejoras" que deberán ofertar las empresas que opten a esa adjudicación.
De esa forma, las propuestas que se presenten de un nuevo sistema de acceso ala zona histórica de la ciudad serán analizadas por los técnicos municipales. Pero Jesús Vázquez descarta que en estos momentos se pueda proceder a su eliminación, tal y como plantea en su iniciativa el grupo de Democracia Ourensana.
En cuanto al funcionamiento del actual sistema de bolardo, Vázquez reconoce ciertas deficiencias que llevaron consigo reclamaciones patrimoniales al Concello por parte de los propietarios de vehículos afectados. Advierte que algún coste tuvo para las arcas municipales, pero "son puntuales", ya que las resoluciones judiciales, en su mayoría, rechazan el pago de indemnizaciones.
Además, concreta que todos estos tipos de incidentes, que están siendo analizados, en muchos casos se deben a que los conductores aprovechan que el bolardo se bajó para intentar adentrarse en las zonas restringidas, pero al subirse de nuevo es cuando se produce el impacto con el coche.
Alude, en concreto, a las reuniones que se vienen manteniendo entre la anterior responsable del área de Seguridad, Flora Moure, con la intendente de la Policía Local, María Barrera, y a las que se sumó el nuevo edil que asume esas competencias, Francisco Campos.
Incremento de incidentes
El portavoz de DO, Pérez Jácome, justifica la exigencia de la "supresión inmediata", sobre todo debido al número de incidentes que provocan los bolardos, ya que desde que se pusieron en funcionamiento hace doce años el número fue creciendo, y ya supera los 1.200 accidentes, "sin contar lesiones a peatones", de las que dicen tener constancia.
Otra de las cuestiones en que incide es la relacionada con los "beneficios" para la concesionaria del servicio, ya que cada reparación de los bolardos "supone más facturación", y que abona el seguro del vehículo, mientras que el contribuyente "tiene que pagar la reparación de su coche". Una reparación, que según los datos de que disponen en Democracia Ourensana, es de una media de 4.000 euros.
