La causa que sacó a la luz la crisis larvada en la Comisaría de Policía Nacional de Ourense sigue abierta a punto de que se cumpla un año de su eclosión. La bautizada como "Operación Zamburiña" entró como un tsunami en la sede de As Lagoas, con la detención de dos policías antidroga y la imputación de otros dos investigadores del grupo. La Unidad de Asuntos Internos los incriminó en una supuesta trama de corrupción entre funcionarios y traficantes locales. Las pesquisas desbaratarían esa primera sospecha alimentada por escritos anónimos que daban nombres y describían una especie de mafia en el seno del cuerpo. Aquella delaciones del interior aludían además a la desaparición de pistolas del armero (un agente se autoinculpó de todo antes de quitarse la vida). El robo del búnker inició una investigación que acabaría apuntando al grupo de investigación antidroga. Un año después, hay 15 imputados que siguen bajo investigación.
La Audiencia Provincial ha ordenado la próxima diligencia de este caso, registrado en 2014 tras la desaparición de las armas y conducido bajo secreto de sumario por Instrucción 1 de Ourense hasta poco después de las detenciones de noviembre de 2015. El tribunal da la razón a la Fiscalía y acuerda la práctica de una averiguación de los movimientos bancarios así como del patrimonio de todos los imputados, tanto de los agentes de policía -los dos que fueron arrestados siguen suspendidos; los otros dos, de baja-, como de los presuntos traficantes que, como fuentes, veían presuntamente tolerada su actividad a cambio de "chivatazos" sobre operaciones de otros delincuentes.
La diligencia fue solicitada por la Unidad de Asuntos Internos. Por orden de la Audiencia Provincial, el juzgado de Instrucción 1 de Ourense, del que es titular el decano Leonardo Álvarez, tendrá que requerir la información a diversas entidades bancarias así como a la Agencia Tributaria.
La brigada de investigación interna de la Policía se encargará del análisis de los datos y elaborará un informe de conclusiones para determinar si hubo enriquecimiento durante el periodo objeto de la investigación. El estudio será complejo y fuentes del caso dan por hecho que la documentación y las conclusiones ocuparán cientos de páginas.
El juez no vio necesaria esta prueba, tras recordar que en toda la instrucción no aparecen indicios de entrega de dinero o estupefacientes a policías a cambio de un trato de favor a traficantes. Sin embargo, la Fiscalía se inclina por la práctica de la diligencia para descartar cualquier posibilidad. Para el magistrado, la causa, que inicialmente buscaba el paradero de las 6 armas desaparecidas del búnker en 2014 -hasta 13 policías de la Comisaría tuvieron el teléfono pinchado en un primer momento-, terminó por separarse en causas separadas. Una en exclusiva para dar con las pistolas (el policía suicida solo tenía 3 y no se descarta la implicación de algún compañero), y la operación "Zamburiña", limitada al presunto trato de favor a traficantes a cambio de información.
La investigación patrimonial de los 15 imputados en la "Zamburiña" es la prueba más laboriosa por delante de la fase de instrucción, que el pasado mayo acordó ampliar el plazo de las diligencias hasta junio de 2017. A mayores, Asuntos Internos tiene que plasmar por escrito sus conclusiones sobre los mensajes y wasaps intercambiados por los investigados. Las defensas insisten con la posible nulidad del proceso, contaminado por los anónimos; el instructor la negó en un primer recurso.
