Dos ciudadanos argelinos fueron condenados ayer en firme por el Juzgado de lo Penal 1 de Ourense como responsables de un delito de robo con fuerza continuado en casa habitada. Ambos formaban parte de una banda organizada especializada en asaltar viviendas de residentes chinos por toda España y de la que todavía se busca a otros dos integrantes. La utilización por parte de los asaltantes de uno de los teléfonos móviles robados fue lo que los delató. A raíz de las sucesivas denuncias formuladas por ciudadanos chinos, los investigadores comprobaron que la localización del dispositivo coincidía siempre con la localidad en la que se registraban los robos. La policía se valió también de escuchas telefónicas y finalmente pudo constatar que los robos se registraban con una periodicidad de uno o dos cada mes y que los autores abandonaban la localidad tras cometer el delito.
Tal y como admitieron ayer los acusados, la banda elegía a sus víctimas y los vigilaba durante un tiempo para conocer sus hábitos y determinar el mejor momento para acceder a sus domicilios. Se les imputa un total de 24 robos registrados entre el 17 de abril de 2008 y el 15 de diciembre de 2009 en 12 localidades de toda la geografía española, entre ellas Ourense, donde atracaron un piso de la calle Bon Home del que se llevaron 4.400 euros en efectivo y objetos de valor con un perjuicio total para el afectado de 7.350 euros. En este caso, ocurrido el 29 de mayo de 2008, la policía constató que el domicilio asaltado aparecía en el navegador del vehículo empleado en el desplazamiento. En el resto de Galicia actuaron también en Lugo y Santiago, y fuera de la comunidad en Avilés, Oviedo, Gijón, Burgos, Aranda del Duero, Barcelona, Granada, Castellón y Calatayud. Además de joyas, equipos electrónicos, ropa y otros objetos, lograron una importante cantidad de dinero en efectivo. No en todos los casos está cuantificado pero según el escrito supera los 80.000 euros. Fuentes de la investigación señalan que elegían viviendas de ciudadanos chinos con la creencia de que estos supuestamente guardan el efectivo en casa. Por poner algún ejemplo, en una vivienda de Albolote, Granada, se llevaron una caja fuerte con 20.000 euros, en Gijón consiguieron 10.500, en Oviedo 8.900 y en Avilés 8.000.
El Juzgado de lo Penal 1 había reservado toda esta semana para la celebración del juicio dada la cantidad de personas citadas, procedentes de las 12 localidades en las que se registraron los robos. Además de los cuatro acusados, para quien el Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una condena de cinco años de prisión, estaban llamadas a testificar otras 48 personas, entre víctimas y agentes que participaron en la compleja investigación. La vista oral requería también la presencia de dos traductores, uno de árabe para la declaración de los imputados, y otro de chino, para poder recoger el testimonio de los afectados, todos ellos de origen chino y la mayoría con dificultades para hablar y entender el español.
Finalmente, el macrojuicio se resolvió ayer con un pacto entre el Ministerio Fiscal y las defensas de dos de los acusados, Dijilali B. y Chaeur B., ambos argelinos, que aceptaron los hechos tal y como los describe en su escrito la fiscal beneficiándose de una reducción de pena. Los otros dos imputados, el iraquí Habibo G. y el también argelino Omar M., están en paradero desconocido y se ha dictado una orden de búsqueda, localización y presentación. Fuentes judiciales explicaron que la causa (dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense por inhibición del de Valencia a quien correspondía llevar el procedimiento por ser ésta la localidad en la que se cometió el primer delito), está sobreseída y que se reabrirá cuando sean localizados.
Finalmente, Dijilali B., que tiene antecedentes penales por robo con fuerza, fue condenado a un año y diez meses de prisión en aplicación de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. La juez aceptó la suspensión de la ejecución de la condena solicitada por la fiscal e impuso la realización de trabajos en beneficio de la comunidad durante un año. Por su parte, Chaeur B., que carece de antecedentes penales y está en situación irregular en España, fue condenado a un año y medio de prisión. También en su caso la juez falló a favor de la suspensión de la ejecución de la pena a cambio de la expulsión del territorio nacional durante cinco años. Sendas medidas quedarían sin efecto si incumplen la pena propuesta. Lo único que no modificó la acusación pública es la responsabilidad civil, de tal forma que ambos procesados deberán indemnizar a los afectados con la devolución de los sustraído y el importe de los desperfectos.
Según consta en el escrito de acusación aceptado por los acusados, la banda trabajaba siempre con el mismo 'modus operandi'. Antes de ejecutar los robos ejercían una "acción de vigilancia sobre las víctimas previamente elegidas". Controlaban sus horarios y actividades habituales y entraban en los domicilios cuando tenían la certeza de que los residentes no se encontraban en casa. Para entrar forzaban la puerta con un plástico o rompían la cerradura.
