Otra de las cuestiones que serán objeto de las acciones judiciales que se lleven a cabo están relacionadas con los informes de los técnicos municipales, los mismos que lo hicieron hace algo más de tres años, cuando se procedió a conceder a Seralia el servicio, y que ahora proponen la exclusión de todas las empresas y dejarlo desierto.

Los representantes de Vendex, así como de otras empresas afectadas, en total fueron 12, dicen no entender como cuando hicieron la primera valoración no se esgrimió ese incumplimiento de todas relacionado con el programa funcional de prestación de servicio -maquinaria y productos de limpieza-, y se las puntuó, en mayor o menor medida. Además cuestionan abiertamente lo que se argumenta por parte de los dos funcionarios para excluirlas, y que dicen deberán explicarlas en el procedimiento judicial.

En cuanto a la responsabilidad de la junta de gobierno, consideran que existen argumento para entender que hay un "licito penal", en relación al cumplimiento de la sentencia que dejaba sin efecto una adjudicación, y excluía a Seralia. Por lo que desde PAU se mantiene que no puede estar prestando ese servicio una empresa elegida en un concurso anulado por juzgado y ahora declarado desierto. Una situación de la que dicen son conocedores todos los miembros del de la junta de gobierno.