Desde el mismo momento en que la Tesorería General de la Seguridad Social compró los cinco locales para oficinas y otras tantas plazas de garaje en el aparcamiento subterráneo, por un importe de algo más de 5 millones, y que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio de 2003, a la constructora Hermanos Carrajo, la polémica marcó su devenir, ya que se aprobó un proyecto para la reforma de esos locales que a día de hoy no se puedo ejecutar debido a los informes desfavorables de los técnicos municipales, debido a la situación "irregular" tanto legal como urbanística.
Con la nueva negativa del concello a conceder licencia de obra, y según explicaron a FARO especialistas en la materia, una de la actuaciones que se pueden llevar a cabo por parte del INSS es una acción de rescisión de la venta. Aunque sigue sin explicarse como se formalizó la compra sin asegurarse del régimen jurídico en que se encontraba, ya que el resultado fue el de pagar 5 millones de euros y sin poder actuar en los locales, por lo que permanecen vacíos, que además son de dominio público como así los señala la sentencia del TSXG.
