En sus conclusiones el informe indica que no solo hay 31.300 ocupados menos sino que hay 18.000 parados más que hace siete años, y se trata además de parados en muchos casos de larga duración, lo que las deja fuera de la posibilidad de cobrar la prestación contributiva, y como mucho pueden acceder a un subsidio que "malamente les permite sobrevivir".

En las conclusiones del informe económico presentado por la CIG se detecta "que aumentó fuertemente el número de personas en riesgo de exclusión social, medido tanto a través de los perceptores de la RISGA, como de los de la Ayuda de Emergencia", explican.

Afirman que "el tejido productivo también se vio seriamente afectado; menos empresas y más pequeñas como consecuencia más evidente de esta etapa".