El PSOE de Ourense se une a Pontevedra en la rebelión contra Leiceaga por el cambio de listas

El secretario provincial, Raúl Fernández, al que sí conservaron el puesto, denuncia una "vulneración" de la "voluntad" de los militantes y de la normativa orgánica del partido

23.08.2016 | 05:59
Raúl Fernández y María Quintas, en una Ejecutiva Provincial. // Brais L.

A un mes de las elecciones autonómicas, el socialismo se bate en la enésima guerra interna. El PSdeG de Ourense hizo ayer público su recurso contra el "cambiazo" por parte del candidato Xaquín Fernández Leiceaga a la candidatura del 25-S, aunque el plazo para registrar las listas ante la junta electoral se cerró ya esta pasada madrugada a las 12. El secretario provincial, Raúl Fernández, se suma a su homólogo pontevedrés, Héctor Santos, con un escrito ante la Comisión Federal de Listas que solicitaba la restitución del orden tal y como fue aprobado por los órganos provinciales, tras la consulta realizada en julio a la militancia de las 70 agrupaciones socialistas en Ourense. Fernández ataca por vía orgánica tras plantar, el pasado sábado, el acto con el presidenciable Leiceaga y los candidatos de todas las provincias.

El "pachismo" resistió en las listas, aunque no como querría. Fernández fue el tercero más votado por las bases y la Provincial, aplicando el criterio "cremallera" de paridad, lo propuso en segundo lugar tras la número 1, Noela Blanco. El barón provincial fue mantenido en el 2 por Ferraz. Pero el retoque afectó a la otra referente de la corriente pachista, la secretaria de Organización en Ourense, María Quintas. A pesar de que fue la segunda más apoyada por los militantes pasó del tercer al quinto lugar, en favor de Carmen Rodríguez Dacosta.

La concejala en la ciudad y secretaria de la agrupación local representa a la familia rival y es afín a Leiceaga. Tras el cambio, Dacosta sostuvo que la aprobación de las listas es una decisión que corresponde al partido y al candidato a la Presidencia, y que "orgánicamente no debe haber contestación".

Muy al contrario, el recurso del PSOE provincial, que también fue remitido a la Gestora del PSdeG presidida por Pilar Cancela, a la Comisión Nacional de Garantías Electorales y al propio secretario de Organización Federal, César Luena, exigía la restitución de la lista aprobada en Ourense y denunció la "vulneración de la normativa orgánica de selección de candidatos".

Raúl Fernández, ilocalizable durante toda esta crisis, esgrime por escrito que "la lista aprobada por el Comité Provincial de Ourense, órgano democráticamente elegido, no solo garantiza la representatividad social y los criterios de mérito y capacidad que marcan los estatutos del partido y la normativa de elección de cargos públicos, sino que refleja el sentir de las consultas a las agrupaciones locales".

"No es fiel a los estatutos"

El proceso de consulta a las bases así como su posterior ratificación fue, según añade, "escrupuloso y respetuoso con las demandas de todas las agrupaciones municipales". De hecho, no se presentaron recursos. También admite la división que late en el partido a nivel provincial, al asegurar que "la lista incluyó a representantes de todas las sensibilidades, combinando renovación y territorialidad".

Los críticos con Leiceaga argumentan que ante la ausencia de una Executiva Nacional Galega y su sustitución por una Gestora, "que lleva meses sin convocar al máximo órgano de dirección del partido entre congresos, el Comité Nacional Galego; la Secretaría Provincial debe, estatutariamente, encargarse de la política general del partido, adaptada a las especificidades de la provincia". Según su postura, "es esta Ejecutiva y el Comité Provincial los que deben determinar cuáles son los candidatos más idóneos para ser incluidos en la lista, tal y como se hizo y recogen los estatutos".

Raúl Fernández añade que, al no haberse reunido para dictaminar las propuestas ni la Comisión Nacional de Listas del PSdeG ni el Comité Nacional, que sigue vigente hasta el próximo congreso de los socialistas gallegos, "el cambio no cuenta con las mínimas garantías ni es fiel a lo que establecen tanto los estatutos gallegos como los federales".

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