Más de 17 millones de euros de inversión, una veintena de juzgados, 15 salas de vistas y una sala de bodas en una construcción aledaña al edificio judicial de Ourense. Ningún enlace se ha oficiado desde la puesta en marcha del inmueble, en abril de 2015. Ninguna pareja se casará ahí. La dotación, que lleva año y medio sin uso, resolverá uno de los problemas de espacios que dejó el proyecto del edificio. Los procuradores se mudarán en septiembre a ese habitáculo para dejar sus instalaciones actuales a la oficina de atención al ciudadano.

Este último servicio, uno de los que más usuarios atienden en el día a día, ocupa desde la puesta en marcha del juzgado una pequeña sala del sótano -1. La labor de información y guía al ciudadano queda escondida en el subsuelo. En su momento, dentro del encendido debate lleno de críticas contra el nuevo edificio -todos los sectores consensuaron 25 peticiones de cambios y obras; la Xunta accedió a algunos-, se barajó la opción de trasladar la oficina al vestíbulo, cerca del arco de seguridad. Finalmente, sus dos funcionarias seguirán con la atención al ciudadano en el sótano -1, pero enfrente, en una sala situada justo al pie de la escalera donde ahora tiene su sede el Colegio Provincial de Procuradores.

Este espacio está situado en el lado con acceso a los espacios restringidos para funcionarios, por lo que tiene más lógica que lo ocupen empleados públicos que operadores privados, tal y como ha sucedido hasta el momento. La sala es contigua al Registro Civil, otro de los servicios que más consultas y trámites atienden en el día a día.

Las deficiencias del edificio

A la sala para bodas nunca utilizada se le conoce coloquialmente en el edificio como "palomar". Situada en la plaza exterior, cuenta con los mismos suministros que el inmueble principal, pero no está amueblado. Los casamientos por el juzgado se celebran en la sala de vistas de Primera Instancia Número 2, el órgano civil que autoriza los expedientes de matrimonio.

El traslado es uno más de los cambios acometidos por la Xunta para subsanar las carencias del nuevo edificio, en diálogo con el juez decano y representantes sindicales. La propia viceportavoz del PP en el Parlamento, la diputada por Ourense Cristina Romero, aludía a las "deficiencias" subsanadas en la sede al aludir a esta inversión, hace unos días, durante un balance en clave electoral de los proyectos de la Xunta en Ourense en la última legislatura.