Los alcaldes de los siete municipios de la provincia de Ourense que van a ser tutelados por la Xunta, por petición del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debido al exceso de déficit que acumulan, atribuyen la situación, en gran parte, a la deuda que mantiene con las entidades locales la propia Administración gallega. Los alcaldes de O Carballiño, Calvos de Randín, Piñor, Cortegada, Nogueira de Ramuín, Rairiz y Ramirás explican que han tenido que adelantar el montante de subvenciones, correspondientes a obras, brigadas de extinción de incendios y otras actuaciones realizadas, que la Administración gallega les adeuda, lo que los ha forzado a incurrir en números rojos. Pero anuncian que la situación se normalizará en los próximos meses. Y aprovechan la ocasión para reclamar la derogación de la Ley de Sostenibilidad, que les impide hacer las inversiones que requieren sus municipios, para aprobar una nueva Ley de Bases de Régimen Local, en la misma línea que se había pronunciado antes en Faro el regidor de O Barco y presidente de la Fegamp, Alfredo García.

El alcalde de Cortegada, Avelino de Francisco (PP), afirma que "no hay problema ninguno", debido a que "el déficit que tenemos nosotros es insignificante". Fue consecuencia de "una subvención para infraestructuras de unos 40.000 euros, que hemos tenido que adelantar, por lo que se computa como déficit, a pesar de que en los próximos meses nos van hacer el abono y quedará la cosa equilibrada".

El Concello de Cortegada tiene un presupuesto de 900.000 euros y una deuda de 200.000 euros. El municipio cuenta con 1.300 habitantes. Avelino de Francisco intenta impulsar el desarrollo del termalismo y el polígono industrial para dinamizar la zona.

El alcalde de Ramirás, Juan Carlos Rodríguez Matías (PP), explica: "Yo no veo mal la situación de este Concello, a pesar de que se encuentra entre los siete tutelados, por incumplir el techo de gasto, aunque tenemos superávit". Y lamenta que no puedan hacer algunas obras que necesitan los vecinos, con el ahorro generado, por el simple hecho de que hemos incumplido el techo de gasto. Yo eso no lo veo bien".

El Concello de Ramirás tiene un presupuesto de un millón de euros, cuenta con 1.640 habitantes y presenta un superávit de 200.000 euros, que no puede gastar en actuaciones no autorizadas. Pero además, "si se retrasa un poco la recaudación en diciembre, el Concello ya no cumple el techo de gasto. Eso no es muy normal", indica.

El alcalde de O Carballiño, Francisco José Fumega Piñeiro (PSOE), explica que este Concello "se encuentra en un Plan de Ajuste, desde hace cuatro años, y yo creo que en diciembre podremos salir, según la previsión que tenemos de Intervención. Estamos realizando los deberes, para superar la situación". Atribuye el desfase, a los 2,5 millones de euros que gastó su predecesor en el cargo, Argimiro Marnotes (PP), el mes anterior a las elecciones municipales. "Eso rompió la posible salida del Plan de Ajuste, porque se iba equilibrando bastante bien la cosa, pero esos fuegos de artificio de última hora, antes de la campaña electoral, desequilibraron las cuentas municipales, como indica el informe de Intervención".

El Concello de O Carballiño tiene un presupuesto de diez millones de euros y mantiene una deuda de tres millones, a largo plazo, tras pagarle este año a Viaqua facturas por importe de un millón de euros. Sin embargo, Fumega explica que este año el Concello ha generado superávit.

Fumega también pide que el Gobierno realice el cambio de la Ley de Sostenibilidad, por una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para que los concellos que tengan superávit puedan hacer las inversiones que necesitan los vecinos.

Debido al Plan de Ajuste, el Concello de O Carballiño solo tiene cuatro barrenderos y "no puede contratar más". En cambio "puedo contratar una empresa privada, para que me haga el servicio", lamenta.

El alcalde de Piñor (PP), José Luis González Rodríguez, explica que la situación económica del concello que representa "no es nada preocupante". Atribuye el desfase, a la gestión que realizó el gobierno socialista anterior, hasta el mes de junio del año pasado, por el "exceso de gasto realizado en un año electoral, pero no es grave la situación". El Concello de Piñor tiene un presupuesto de 1.196.000 euros y una deuda acumulada de 700.000 euros.

El alcalde de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, afirma que el responsable de la situación es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por demorar los pagos que tiene que abonar a los concellos. "El está cumpliendo el déficit con el dinero de los concellos". La alcaldesa de Rairiz de Veiga, Josefa Asunción Morgade (PP), indica que la situación se debe al dinero que tienen que adelantar por la realización de obras y para las brigadas de extinción de incendios. "Un concello que invierte, tiene que aportar fondos propios y adelantar partidas correspondientes a otras administraciones". El Concello de Rairiz de Veiga tiene un presupuesto de 1.065.000 euros, 1.400 habitantes y un déficit de más de 300.000 euros.

El alcalde de Nogueira de Ramuín, José César Parente (PP), explica que el déficit que presenta este concello "está motivado por subvenciones concedidas por otros organismos, para acometer obras y proyectos, que de momento no nos han sido abonadas". El desfase de gastos se debe al "bombeo de agua, porque hubo bastante sequía y tuvimos varias averías; a las partidas destinadas a los servicios de extinción de incendios, que todavía no nos han pagado, y a subvenciones para acometer obras, como las realizadas en el monasterio de San Estevo". El Concello tiene un presupuesto de 2.400.000 euros, 2.200 habitantes y presenta un déficit de 135.000 euros.

Capítulo aparte merece el Concello de Os Blancos, al frente del que se encuentra el regidor del PP José Manuel Castro, que no aparece en esta lista por encontrarse en una situación que podría denominarse de quiebra técnica. Tiene un presupuesto de 750.000 euros y una deuda de tres millones de euros. Pide una inyección económica de 300.000 euros para realizar un Plan de Ajuste.