La Diputación de Ourense se prepara para introducirse en la que será la gran revolución de las administraciones públicas en los próximos meses, la implantación del papel cero. Funcionarios y ciudadanos se enfrentan a un reto complejo, eliminar el soporte físico de sus comunicaciones y reducir los expedientes a un archivo digital.
La Ley 39/2015 de 31 de octubre que regula esta transformación entra en vigor el 2 de octubre de 2016 por lo que el tiempo apremia. En Ourense, la Diputación acaba de licitar el concurso para la contratación del suministro de un sistema integral de gestión electrónica de procedimientos administrativos. Sale a concurso por un importe de 5.007.887 euros, que es el coste estimado que la implantación de este servicio podría tener en un período de cuatro años. El presupuesto incluye el suministro del software necesario para la implantación de esta revolución digital pero también la entrega de la licencia de usuario para la Diputación y sus entes públicos vinculados: Inorde, Consorcio Provincial del servicio de bomberos y Consorcio de Augas de Valdeorras. Además del derecho de licencia para todos los concellos de la provincia, excepto la capital, a los que podría ofrecérseles la posibilidad de incorporarse.
De hecho, el cálculo económico para realizar esta licitación tiene en cuenta la posible adhesión de los 91 ayuntamientos desde el primer día de implantación.
Asimismo, las empresas deberán incorporar en sus propuestas el suministro de la aplicación que permita realizar el voto telemático en las sesiones de los órganos colegiados de la corporación, una medida cuya implantación fue acordada en pleno pero que todavía no se ha hecho efectiva.
La ley que regula esta medida, de implantación compleja pero revolucionaria en cuanto a que conduce a la desaparición del papel en los trámites administrativos, define este objetivo como la consecución de una "Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente", para lo que se busca "mejorar la agilidad de los procedimientos administrativos reduciendo los tiempos de tramitación".
Así, el concurso lanzado por la Diputación para cumplir esta exigencia demanda el suministro, implantación y puesta en marcha del software, así como el mantenimiento y soporte técnico del sistema durante un período de dos años prorrogable hasta cuatro. El contrato incluye también un curso de formación para el personal.
En todo caso, el pliego prevé un proceso de implantación de tres meses, lo que hace técnicamente imposible que la administración electrónica empiece a funcionar en la Diputación el día 2 de octubre, dificultad con la que se encuentran otras muchas administraciones que han manifestado la necesidad de una prórroga.
Una vez en marcha, la institución provincial dirá adiós al papel.
