El magistrado José Antonio Ballestero, instructor del sumario por presunta prevaricación contra el juez decano de Ourense, ha dado traslado a las partes para que planteen si cabe procesar a Leonardo Álvarez, o bien procede el archivo de la causa en la que está imputado tras la admisión a trámite de la querella de la exedil Áurea Soto y el abogado Carlos Hernández.
Los dos fueron procesados por el juez decano y salieron absueltos. En marzo, antes incluso de que su exculpación fuera firme, registraron una querella contra el juez. Lo acusaban de obviar una resolución clave del TSXG e incluso de llegar a falsificar un auto para poder procesar a la exconcejala de Urbanismo, con el supuesto objetivo de hundir su imagen y lograr que dimitiera. La socialista dejó el cargo en enero de 2015, en cumplimiento del código ético del partido, después de el juez abriera juicio oral por el caso de la Plaza San Antonio. "Estoy aquí porque era imprescindible para echarme del gobierno", denunció Soto en su alegato final, en la vista.
Hace unos días, el letrado de la exedil solicitó la declaración en calidad de testigos de los tres magistrados que, al aprobar en un auto de 2009 el incidente de inejecución del derribo de la urbanización de la Plaza San Antonio, avalaron el procedimiento administrativo. Un auto de 2009 daba por válida la concesión de licencias al complejo urbanístico, porque había un PXOM en vigor, el de 2003, que además admitía la titularidad privada del parking en el subsuelo público. Los tres firmantes pertenecían a la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) -en la actualidad , uno de ellos está en el Supremo-, en cuya instancia de lo Civil y Penal -el tribunal para aforados -se tramita el sumario contra Leonardo Álvarez.
El instructor de la investigación al decano, el magistrado José Antonio Ballestero Pascual, rechazó el interrogatorio de los 3 jueces al considerar que no era pertinente. Soto ya la había solicitado, sin éxito, en su escrito de defensa previo al juicio de San Antonio. La exedil siempre subrayó que esa resolución presuntamente obviada por el magistrado era clave para exculparla.
Pocas son las querellas a un juez que trascienden a la opinión pública. Menos las que el Tribunal Superior admite a trámite y desencadenan la imputación de un magistrado, tal y como es la actual situación del responsable de Instrucción Número 1 de Ourense. El decano declaró ante el TSXG en calidad de investigado a mediados de julio. Solo respondió a su defensa y al instructor, rechazando al abogado de Soto. El fiscal no formuló preguntas. Álvarez negó la querella y adujo que el auto de los magistrados no vinculaba su apreciación de posibles delitos. Tras la declaración, el instructor emplazó a las partes para que solicitaran nuevas diligencias o propusieran ya el procesamiento. Los querellantes reclamaban más documentación así como la declaración de los 3 magistradas, rechazada.
La Fiscalía solicita el archivo
Ballestero dictó una nueva resolución en la que insta a las partes a que se pronuncien sobre el procesamiento o absolución del juez. El propio investigado ha solicitado el sobreseimiento. La Fiscalía, que ya había informado a favor de la inadmisión de la querella, también solicita el archivo del sumario. Hasta septiembre no se espera un dictamen.
