Contaminación del suelo en una industria química

Piden prisión para el gerente de una fábrica de pinturas por enterrar los residuos en una fosa

Del vertedero ilegal se retiraron 85 toneladas de tierra contaminada y productos tóxicos cuando fue localizado por el Seprona tras la denuncia de un trabajador despedido -La Fiscalía solicita hasta 4 años por un delito ambiental

31.07.2016 | 04:56
La fosa en la que presuntamente se produjo el enterramiento sistemático de residuos, tras ser vaciada, en 2012. // Brais Lorenzo

Restos de plásticos, chatarra, bidones metálicos, botes de pintura y otros residuos tóxicos y contaminantes de una fábrica de pinturas, esmaltes y barnices de Ourense fueron enterrados de forma sistemática en una fosa situada en una finca anexa a la nave de la empresa, en el Polígono de Barreiros, municipio de San Cibrao das Viñas. El Seprona de la Guardia Civil y el jefe del Servizo de Calidade Ambiental de la Xunta emplearon cuatro días, entre enero y febrero de 2012, para levantar acta de la amalgama de contaminantes desenterrados del vertedero ilegal. Se retiraron más de 85 toneladas de residuos tóxicos y tierra contaminada. En las tareas de desescombro, las autoridades hallaron 827 kilos de envases metálicos y 64 kilos de envases de plástico, todos residuos tóxicos, que ocuparon dos contenedores. En lugar de contratar con un gestor autorizado para el tratamiento de residuos, la fosa empezó a utilizarse, al menos, desde la primavera de 2011. El gerente de la empresa, P. M. B., de 57 años, se sentará próximamente en el banquillo, acusado de un presunto delito contra el medio ambiente.

La Fiscalía presenta dos alternativas para castigar su conducta, según se aplique uno u otro apartado del artículo 325 del Código Penal. Si la juez entiende que el enterramiento de residuos afectó "gravemente al equilibrio de los sistemas naturales", tal y como refleja uno de los articulados y plantea el ministerio público en primer lugar, el empresario se expondrá a 3 años y 9 meses de prisión, al pago de una multa de 18 meses a razón de 30 euros diarios (16.200 en total), así como a una inhabilitación especial para el ejercicio de toda profesión u oficio durante 3 años.

Si, en cambio, la juez que dicte sentencia considera que el vertido causó "daños sustanciales", pero no tan severos, el acusado se enfrentará a una petición de 16 meses de prisión, más una multa de 12 meses a razón de 30 euros al día (10.800), y a una inhabilitación durante 2 años para toda profesión u oficio.

La acusación pública pone la alternativa más gravosa para el acusado como primera opción, tras subrayar que el análisis de muestras de tierra y de aguas subterráneas, recogidas por el Seprona y por el Servizo de Calidade Ambiental, "evidencia la presencia de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX), compuestos orgánicos volátiles (COV), hidrocarburos aromáticos policíclicos y metálicos, así como arsénico, que determinaron la producción de un impacto ambiental grave como consecuencia del soterramiento de residuos, y una grave afección sobre el territorio y los elementos y procesos naturales de su entorno". La contaminación, continúa la Fiscalía, "afectó a los terrenos anexos con usos agrícolas y ganaderos".

La presencia de agua subterránea cuando se vació el vertedero ilegal obligó a tomar muestras por temor a una infiltración al río Barbaña. Dicha posibilidad fue descartada en un informe pericial de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

El acusado vertió presuntamente residuos en la fosa de la finca anexa a la nave de la empresa, y propiedad de la misma, "sin ninguna medida de protección ni de seguridad, a sabiendas de la ilegalidad del mismo y contraviniendo" diversas normativas sobre tratamientos de residuos. El vertedero ilegal salió a la luz en 2012 tras la denuncia presentada por un trabajador recién despedido, que llevó a los agentes el lugar exacto donde estaba: bajo tierra, junto a un viejo bidón oxidado. Los vertidos y la tierra contaminada fueron trasladados en cinco contenedores. Un gestor autorizado los llevó a una empresa de tratamiento de residuos instalada en el concello coruñés de As Somozas, donde se estabilizaron y trataron convenientemente.

La empresa, también acusada

En el curso de la instrucción, la Fiscalía llegó a pedir la imputación del exempleado, porque era el gestor de residuos, así como la del encargado de la misma responsabilidad tras su marcha. Finalmente, la causa se dirige únicamente contra el gerente y contra la empresa como persona jurídica, una S.L. constituida en 1983 y que a todos los efectos también es un acusado en este proceso, en calidad de presunto autor del delito. La mercantil tuvo una sanción anterior por un vertido de pinturas que no prosperó tras un recurso contencioso.

El ministerio público solicita que la mercantil satisfaga una multa de 73.000 euros (2 años con una cuota diaria de 100), con la posibilidad de que se decrete su intervención en caso de impago. Asimismo, si la juez ve pruebas para condenar por el delito medioambiental, el acusado y la sociedad deberán restaurar, con cargo a su dinero, el "equilibrio ecológico perturbado, realizando a tal efecto un informe completo de recuperación, indicando detalladamente todas las actuaciones realizadas a tal efecto", según el escrito de calificación de la Fiscalía. La acusación acaba de ser registrada en Instrucción 2, la sede donde se llevó a cabo la investigación previa al juicio.

La exigencia de un plan de restauración del terreno obedece a que como consecuencia del daño ambiental, el Servizo de Calidade Ambiental incoó el correspondiente expediente sancionador al acusado, requiriendo a la mercantil para que realizara una propuesta de investigación analítica exploratoria. La apertura del proceso penal paralizó el expediente sancionador abierto por la Xunta. La administración proponía multar a la empresa química con entre 9.000 y 300.000 euros.

El 24 de abril de 2013, tras varios requerimientos de enmienda a la referida sociedad y al acusado, se aportan los resultados. Según la Fiscalía, presentaban "graves deficiencias que han de ser enmendadas". Así se constató la superación del nivel genérico de arsénico de referencia (NGR), establecido en el Real Decreto 60/2009, tanto para uso industrial como para otros usos. La empresa fue apercibida de la necesidad de realizar una valoración de los riesgos.

Declararán varios expertos

Añade el ministerio público que después de varios requerimientos, dicha evaluación fue presentada finalmente por la empresa en noviembre de 2014, y se tradujo en un informe que, de nuevo, presentaba "grandes deficiencias" y no cumplía con lo requerido, "siendo notoriamente insuficientes las actividades realizadas por la empresa en orden a la recuperación del terreno y reparación del daño causado, teniendo que reiterar, a tal efecto, los requerimientos tanto a la empresa como al acusado, estando pendiente a día de hoy la finalización de las actividades encaminadas a reparar el daño".

El escrito de calificación registrado por la Fiscalía dará lugar a la apertura de juicio oral. Después llegará el turno de que la defensa formule su escrito. Podrá proponer las pruebas, testigos y peritos que considere necesarios.

La Fiscalía ya lo ha hecho. Además del interrogatorio del acusado, pide la citación a juicio de dos testigos y propone a varios peritos y expertos que elaboraron informes en la causa. Los encargados de resolver dudas técnicas sobre el presunto delito ambiental pertenecen al Seprona de la Guardia Civil, a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, o al Departamento de Química y Medio Ambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. La Fiscalía también solicita la citación de una profesional del Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia así como de la subdirectora general de Coordinación Ambiental.

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