La juez amplía el caso del asesinato del cura por informes pendientes de EE UU sobre mensajes de los dos sospechosos

La causa se declara de especial complejidad - Los investigados, tío y sobrino croatas, llevan seis meses en libertad provisional

13.07.2016 | 10:21
Uno de los sospechosos, conducido ante la juez tras su detención en enero. // Brais Lorenzo

La instrucción judicial por el crimen del cura de Vilanova dos Infantes (Celanova), Adolfo Enríquez, sigue adelante por ahora. Atendiendo la solicitud de la Fiscalía, la juez de Primera Instancia e Instrucción de Celanova, Olalla Para, ha declarado el caso de especial complejidad, acordando la ampliación del plazo de instrucción hasta un máximo de 18 meses. Durante 9, la Policía Judicial de la Guardia Civil investigó en secreto hasta practicar la detención de los dos máximos sospechosos, dos familiares de nacionalidad croata, Elvir Fehratovic, de 37 años, y su sobrino Arsen, de 30. Pero la falta de pruebas contundentes obligó a su puesta en libertad provisional tras la comparecencia ante la juez. Las diligencias se mantienen abiertas de momento. Quedan informes pendientes e incógnitas sin resolver, como el paradero de la Virxe do Cristal, la imagen del siglo XVII desaparecida en el robo en el que el párroco, de 77 años, fue asesinado.

Han pasado varias semanas desde que el juzgado de Celanova remitió oficios a la sede central de la compañía Facebook, en Menlo Park (California, Estados Unidos), en un intento de los investigadores por conocer las conversaciones de interés para los hechos que los investigados pudieron mantener en el sitio web de esa red social. También se ha requerido informe al servicio de mensajería móvil WhatsApp.

Los dos investigados llevan ya seis meses en situación de libertad provisional, obligados a comparecer periódicamente ante la Policía o en un juzgado, como medida cautelar. La defensa, ejercida por el letrado Eduardo Mazaira, quiere que se decrete el sobreseimiento del caso. Como ha sostenido en diversas ocasiones, a su entender no hay indicios suficientes para mantener el caso contra sus dos clientes, quienes, asegura, han sufrido perjuicio personal y en su entorno al ser asociados al crimen del religioso.

La Policía Judicial de Ourense, apoyada en las pesquisas por la UCO central, cree que los detenidos fueron los autores, unos de los mendigos que asiduamente acudían a la rectoral de Vilanova dos Infantes a pedir limosna a Adolfo Enríquez, cuya generosidad y bonhomía fue destacada por todos los vecinos y entrevistados por los investigadores.

El día de los hechos, el 9 de marzo de 2015, los sospechosos fueron vistos en Vilanova y presuntamente regresaron esa misma noche para robar. Adolfo Enríquez falleció a golpes. Los dos croatas se acogieron a su derecho a declarar al ser arrestados por la Policía Judicial de la Guardia Civil. Sí habían respondido preguntas cuando aún mantenían la calidad de testigos, durante la investigación policial. Uno de los sospechosos, Arsen, reconoció que había acudido a la rectoral y que la víctima le había entregado 60 euros, pero sostuvo que la noche del crimen estuvieron en Ourense.

En un escrito fechado a 13 de junio de 2016, la Fiscalía solicitó a la juez de Celanova que ampliara el plazo de investigación "como mecanismo para asegurar la correcta averiguación y esclarecimiento de los hechos investigados: robo con violencia y asesinato". El fiscal se basó en que "nos encontramos ante un delito cuya investigación está siendo especialmente compleja, por la forma en que se ha producido y por la necesidad de la práctica de múltiples periciales".

Según añadía, "hay que recordar que está pendiente la práctica y recepción de periciales y documentales que se ha solicitado fuera de España, cuestión que evidentemente va a retrasar la instrucción más de los 6 meses que el legislador ha establecido como criterio general". También puso en consideración de la instructora que el procedimiento penal "va por el Tomo IX, con más de 4.000 folios, lo que lógicamente requerirá un estudio detallado y pormenorizado".

La petición del fiscal, atendida por la juez, obedecía a la ley de plazos establecida por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), cuya reforma está en vigor desde diciembre. Ésta limita los tiempos de instrucción por regla general, de modo que el máximo sea de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, antes de prórrogas a instancias del ministerio público.

El asesinato de Adolfo Enríquez se instruye desde el momento en que fue localizado el cadáver, en marzo de 2015, pero el reloj de plazos no ha contado hasta el pasado mes de mayo, que fue cuando la magistrada instructora alzó el secreto de sumario. La juez Olalla Para declaró secreta la causa para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, el 21 de marzo de 2015. Alzó la medida en un auto de fecha 16 de mayo, días después de que los investigados recuperaran los teléfonos incautados por la Guardia Civil tras los arrestos.

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