Al abogado Miguel Diéguez, experto en derecho administrativo, un juez le dio la razón cuando reclamó una ayuda de inclusión social, para alimentación básica y otras necesidades vitales de una mujer inmigrante ilegal y con una hija menor a su cargo. La Xunta denegó en un primer momento la prestación tras pedirle documentación no requerida. El letrado fue elegido de entre los letrados de contencioso del turno (los clientes pueden designar al abogado de oficio que quieren en la especialidad de contencioso). Los extranjeros en situación irregular tienen derecho a un abogado sin coste alguno. Diéguez, que lleva más de 5 años en el turno, ve en este caso reciente un ejemplo de "que es posible enfrentarse a toda la maquinaria de la administración, y ganar, de manera gratuita". Para este abogado el derecho a una defensa "es una manera de prestar un servicio social, de aportar lo que sabemos a gente que lo necesita y no tiene recursos".