El juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, declarará en calidad de investigado el viernes 15 de julio. Esa mañana, está citado para responder ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por la querella sobre una presunta prevaricación judicial registrada por la exedil de Urbanismo, Áurea Soto, quien acusó a la autoridad de llegar a falsificar un auto para procesarla en la causa que la obligó a dimitir, la de la Plaza de San Antonio, de la que fue absuelta en firme. El magistrado será interrogado por el instructor designado del sumario, José Antonio Ballestero Pascual. La apertura de juicio, si procediera, correspondería a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG.
La admisión a trámite de la denuncia -que también suscribe el abogado Carlos Hernández, acusado y también absuelto junto a Soto- obliga al decano de Ourense a comparecer con un abogado. Ha confiado su defensa jurídica a un letrado de O Carballiño. En el interrogatorio, donde al igual que todo imputado tiene derecho a no declarar e incluso a mentir, estarán presentes un fiscal del Tribunal Superior de Xustiza así como el abogado de la exedil y el letrado, José Luis Gutiérrez Aranguren.
Todo indica que la Fiscalía volverá a solicitar el archivo del sumario abierto al juez de Ourense. Ya había pedido la inadmisión de la querella en el trámite de informe previo a su aceptación por parte de la Sala de lo Civil y Penal. El ministerio público argumentó, en palabras del exfiscal superior de Galicia, Carlos Varela, la falta de indicios delictivos atendiendo al relato de la querella, así como que la apertura de juicio contra la exedil, en enero de 2015 (aquel auto la obligó a dimitir tras 8 años como responsable del Urbanismo en Ourense) era "legalmente posible y jurídicamente defendible". "El auto fue dictado teniendo en cuenta fielmente las sucesivas argumentaciones del Tribunal Superior, y no se aprecia en el mismo ninguna de las irregularidades que se reflejan en el escrito de la querella", entendió el fiscal.
Sin "valorar ni prejuzgar", puntualizó la Sala, el TSXG admite a trámite la denuncia porque "el relato fáctico plasmado en la querella se incardina, al menos indiciariamente, en la comisión de un delito de prevaricación". "No excluido el posible carácter delictivo de los hechos relatados en la querella, ni tampoco su verosimilitud a la luz de la documental aportada por los querellantes y de la recabada por la Sala, es procedente la admisión a trámite de la misma, siendo la investigación a abrirse la que habrá de aclarar y de la que deberá de resultar si existen o no razones para continuar el procedimiento".
La noticia de la imputación de un magistrado, un hecho poco habitual -menos aún son los casos que trascienden- ha revalidado la confianza de los magistrados de Ourense en su decano. Los compañeros le han mostrado su apoyo y avalado su continuidad en el cargo, por el que fue elegido democráticamente en enero de 2015. Álvarez continúa trabajando en Instrucción Número 1, mientras empieza a preparar su defensa contra la querella.
