El juez decano de Ourense está imputado y responderá ante sus compañeros. El carballinés Leonardo Álvarez, titular de Instrucción 1 de la ciudad de As Burgas y con más de 15 años de ejercicio, declarará este mismo mes en calidad de investigado -la nueva denominación, desde diciembre- para responder por una querella de la exedil de Urbanismo, Áurea Soto, por el caso que la obligó a dimitir en enero de 2015, y del que ha salido absuelta en firme. En un auto fechado y notificado ayer, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) admite a trámite la denuncia sobre un presunto delito de prevaricación judicial. La exconcejala acusó a la autoridad de llegar a falsificar un auto (eliminando un párrafo y entrecomillando otro que no existe, según ella) para llevarla al banquillo.
Soto y el abogado Carlos Hernández -acusado y absuelto junto a ella por hacer el informe jurídico para la legalización del complejo urbanístico de la Plaza de San Antonio- culparon al juez de una predisposición para abrir juicio a la que era edil de Urbanismo de Ourense. En julio de 2014, Soto pidió el archivo de la supuesta prevaricación por legalizar el complejo urbanístico y un aparcamiento privado bajo el subsuelo. La exedil puso de manifiesto la existencia de resoluciones del TSXG que avalaban la licencia, además de que el PXOM 2003, que estaba todavía en vigor, permitía la titularidad privada del subsuelo en una plaza pública en superficie.
Álvarez rechazó el archivo. En la querella, Áurea Soto culpa al juez de aludir a la sentencia del TSXG, en dos ocasiones, manipulando presuntamente la fecha para poder armar el proceso de prevaricación. Aludió a una sentencia de 2008 situándola en 2004. Los querellantes reprocharon la falta de imparcialidad del juez y su intención de "dañar la imagen" de la edil para que dimitiera. Más de tres meses ha tardado en resolver la cuestión el alto tribunal de la comunidad. El magistrado decano, que hace solo unos días dictaba otro auto de apertura de juicio oral por otra causa en la que Soto está acusada -los contratos presuntamente irregulares de asistencias técnicas- declinaba ayer hacer valoraciones. Todos sus compañeros de Ourense le han mostrado apoyo en privado.
La Fiscalía pedía el archivo
La Fiscalía sostuvo la acusación de la Plaza de San Antonio en fase de apelación. El caso se había iniciado en 20'13 por una denuncia de Democracia Ourensana, que no se personó. El testigo lo cogió la hija de un promotor enfrentado al anterior gobierno municipal
La Fiscalía acusó a Soto y pidió el archivo de la querella contra el decano. El carballinés Carlos Varela, exfiscal superior de Galicia, firmaba el informe que reclamaba la inadmisión, basándose en la falta de indicios delictivos y en que la apertura de juicio contra la exedil era "legalmente posible y jurídicamente defendible" "El auto fue dictado teniendo en cuenta fielmente las sucesivas argumentaciones del Tribunal Superior, y no se aprecia en el mismo ninguna de las irregularidades que se reflejan en el escrito de la querella", añadió.
Pero la Sala de lo Civil y Penal , de la que forma parte el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas o el expresidente de la Audiencia de Ourense, Fernando Alañón, entiende que los hechos relatados en la querella pudiera constituir el delito de prevaricación denunciado, aunque tampoco se posicionan por ahora. Del siguiente modo lo expresa la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo A. Sande García: "El relato fáctico plasmado en la querella se incardina, al menos indiciariamente, en la comisión de un delito de prevaricación, y todo ello conlleva indefectiblemente la admisión de la querella. Ello no obstante, insistimos en que de ningún modo se trata de admitir la querella porque los hechos en que se funda sean constitutivos de delito ni de constatar ahora la concurrencia de los elementos del tipo del delito de prevaricación que, según el parecer de los querellantes, constituyen los hechos relatados".
El TSXG "no prejuzga"
Añade el TSXG que "se trata, bien diferentemente, de la apertura de una vía para la investigación judicial de unos hechos que los querellantes, bajo su responsabilidad, ponen en conocimiento del órgano jurisdiccional y de los que, tal como vienen relatados en la querella, no se puede excluir, en este momento, su carácter delictivo ni la intervención en ellos del querellado".
La Sala ni "valora ni prejuzga", puntualiza el ponente. Pero "no excluido el posible carácter delictivo de los hechos relatados en la querella, ni tampoco su verosimilitud a la luz de la documental aportada por los querellantes y de la recabada por la Sala, es procedente la admisión a trámite de la misma, siendo la investigación a abrirse la que habrá de aclarar y de la que deberá de resultar si existen o no razones para continuar el procedimiento".
El magistrado José Antonio Ballestero Pascual ha sido elegido instructor del sumario abierto contra el juez decano de Ourense. Es, por tanto, quien le tomará declaración. La Sala para resolver el proceso estará formada por el presidente, Miguel Ángel Cadenas, así como por Pablo A. Sande García y Fernando Alañón, designado ponente.
