Y si por parte del gobierno municipal se insiste en la voluntad de "aclarar todo", como aseveró la edil de Comercio, Ana Fernández Morenza, considera que algunas de las cuestiones que se abordaron en la reunión que celebró ayer la comisión de investigación deben "estar al margen", en alusión directa a todo lo relacionado con el contencioso judicial que mantiene la empresa con una trabajadora acusada de entregar información confidencial a OUC, que en sede judicial negó el edil Miguel Doval.

La comisión de investigación se constituyó el pasado 28 de marzo a propuesta de Ourense en Común, después de detectar diferencias desfavorables para el Concello en el recuento de cabezas de ganado realizado por la empresa, que mantiene el servicio actualmente en prórroga de cinco años después de que el anterior gobierno municipal acordara mantener la privatización del servicio en el año 2013, una prórroga que se realizó con informes jurídicos que ya entonces cuestionaban su idoneidad.

De ahí que se puede entender la postura que en este asunto mantiene el grupo socialista, ayer ausente en la reunión de la comisión de investigación, precisamente cuando se había convocado al gerente de la empresa, y a la que también se sumó el administrador.

Lo que también se puede plantear por parte de OUC es la revisión de todo el expediente de concesión del servicio, que se fraguó durante el gobierno popular y que posteriormente se mantuvo por parte de los socialistas, que ampliaron el contrato.