La denuncia de las asistencias técnicas nació del enfrentamiento de las dos secciones de los sindicatos USO y CIG con el anterior gobierno del PSdeG- PSOE. Pero acabó arrastrando a varios excargos del bipartito municipal. El mayor coste político de la denuncia registrada a finales del año 2013 lo pagaron, paradójicamente, políticos de la misma ideología que la CIG.
Los nacionalistas Xosé Somoza e Iolanda Pérez Docampo, quienes llegaron a ser exculpados pero fueron reimputados tras la solicitud de la Fiscalía y la marcha atrás del juez, presentaron su dimisión tras ser llamados a declarar en calidad de imputados. Somoza era portavoz del BNG en el Concello de Ourense y futurible candidato a las municipales de 2015. Dio un paso atrás. Iolanda Pérez, que se ve procesada por su pasado de apenas unos meses como exedil del BNG en la ciudad de Ourense, presentó la renuncia de un puesto orgánico de responsabilidad en Anova. Era la número 3 de la organización.
