Los vecinos del edificio número 2 de la Plaza da Cantiga, en el barrio de As Camelias, se concentraron ayer frente al inmueble para pedir "sensibilidad" a la administración autonómica ante la denegación de una subvención con la que la comunidad tenía previsto financiar el 75% de la rehabilitación e instalación de un ascensor exterior presupuestado en 125.000 euros. El primero de estas características que se construye en la ciudad de Ourense y "muy necesario" pues siete de los ocho propietarios son octogenarios con problemas de movilidad. Sin este servicio llegará un momento en el que no podrán salir de su casa.

Para su construcción, la comunidad obtuvo la cualificación provisional de la ayuda a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo pero los vecinos de los sótanos de la plaza denunciaron la obra y el juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ourense ordenó paralizar los trabajos mientras no se resolviese el conflicto. La sentencia falló a favor de los vecinos, todavía pendientes del recurso de apelación planteado por los demandantes, pero el retraso sobrevenido en la instalación les llevó a incumplir el plazo fijado por la Consellería de Vivenda para ejecutar las obras y, en consecuencia, a la denegación de la subvención.

La abogada Ángeles Ferreiro sostiene que se trata de un caso "peliagudo" ya que, efectivamente, el plazo para el fin de obra era el 31 de diciembre de 2015. No obstante, aclara, los vecinos "han ido notificando todos los pasos al Concello de Ourense (la ayuda se tramitó a través de la oficina municipal de rehabilitación) para que la Xunta viese que todo el proceso seguía adelante y que no es culpa suya que no se acreditase el fin de obra a tiempo".

El edificio tiene cuatro plantas y ocho viviendas, todas ellas habitadas por personas de entre 80 y 90 años, además de una propietaria de 45 con una discapacidad del 41%. La práctica totalidad son pensionistas a los que la denegación de la ayuda ha dejado casi en estado de shock. Si no logran la "flexibilidad" que piden a la administración, deberán aportar 15.000 euros cada uno para sufragar el ascensor. Una infraestructura, recuerda Ángeles Ferreira, justificada por el propio juez que "en su sentencia dijo claramente que no instalar el ascensor les condenaría al ostracismo; que el perjuicio que pueda ocasionar a los propietarios de los sótanos es mínimo y el beneficio, incalculable".

Sinda Rodríguez es una de las vecinas de este edificio que ayer se concentró frente al inmueble. Señala que el ascensor es una infraestructura "vital" para los vecinos, que ya soportan serias dificultades de accesibilidad. De hecho, una de ellas ha optado por instalarse temporalmente en otra vivienda de planta baja para poder hacer "vida normal". Piden ayuda a los representantes políticos ante lo que considera una "auténtica injusticia". También su abogada defiende que las causas que llevaron al incumplimiento del plazo "son ajenas a los propietarios".

A la espera de que la Consellería de Vivenda resuelva el recurso de alzada que plantearon contra la denegación de la subvención, la comunidad ha solicitado una ayuda dirigida a la rehabilitación edificatoria convocada por la Xunta en abril que podría cubrir el 35% de la obra. El viernes acudirán al pleno del Concello en el que se debatirá una moción presentada por el PSOE sobre su caso.