Las críticas severas contra el sistema judicial por parte de la responsable del urbanismo de Ourense entre los años 2007 y 2015, Áurea Soto, se han vuelto en su contra. Pocos días después de ser absuelta en firme por la legalización de la Plaza de San Antonio, el caso que la obligó a dimitir en enero de 2015, la exconcejala del PSOE tendrá que declarar este mediodía, acompañada de abogado, ante el fiscal jefe provincial. Florentino Delgado la cita tras abrir diligencias de investigación por un presunto delito de injurias en las manifestaciones que Soto hizo en su derecho a la última palabra contra el magistrado del caso, el titular de Instrucción 1 y decano de Ourense, Leonardo Álvarez. Lo acusó de haber llegado a falsificar un auto -"elimina el párrafo verdadero y entrecomillando otro que no existe", dijo-, para poder procesarla.
"Estoy sentada aquí, porque era imprescindible para echarme del gobierno (...) Ha sido necesario que la instrucción y el fiscal oculten los autos del TSXG, los informes y todo lo que contradice con rotundidad su pretensión" reprochó. Tras sufrir un mandato, el anterior, asediada por las denuncias- "se me acosó y se nos acosó-, la exconcejala censuró que los juzgados aceptaran denuncias "con una sumisión impropia de una institución que debe de tener por guía la independencia y la defensa de los derechos ciudadano".
En el alegato final, la exedil socialista acusó tanto al juez instructor como a la Fiscalía de Ourense ("le pedí ayuda pero no estaba aquí, estaba y está en otro sitio: en el mismo que durante los 12 años anteriores, cuando se llevaban el 10% municipal, se cambiaban los planos del plan general y recalificaban las Burgas sin el menor reproche penal).
Sin embargo, el máximo representante del ministerio público en la provincia actúa exclusivamente para defender el honor del juez. De exigir también responsabilidades por las alusiones a su figura, Delgado no podría llevar las diligencias, puesto que existiría un deber de abstención.
El juez es el mismo contra el que Áurea Soto se querelló hace 3 meses, atribuyéndole un delito de prevaricación judicial por llevar a cabo un supuesto "juicio político" para llevarla al banquillo y así "dañar su imagen". El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la instancia que debe resolver, aún no ha decidido si admite la acción a trámite o la archiva sin citar al juez.
El fiscal jefe abrió diligencias informativas ya en 2015. El juicio de San Antonio se celebró en noviembre de aquel año. Pero no fue hasta hace unas semanas cuando el ministerio público dio pasos decididos para proceder contra la exedil. Solicitó autorización al Juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense, donde se celebró la vista el pasado noviembre.
Era un trámite para poder actuar en un supuesto en que las presuntas calumnias fueron vertidas en un juicio. La exedil recibió la citación de la Fiscalía en la Oficina de Catastro y Censos del Concello de Santiago de Compostela, un servicio al que se reincorporó -es arquitecta de formación- tras verse obligada a dejar el PSOE, en cumplimiento del código ético, cuando el magistrado dictó el auto de apertura de juicio oral.
Citada antes de su absolución
La citación, firmada por el fiscal jefe, Florentino Delgado, lleva fecha de 10 de junio. Es anterior, por lo tanto, a la sentencia de la Audiencia Provincial- datada en 17 de junio y notificada el pasado viernes- que absolvió a la exedil del PSOE así como al abogado que informó a favor de la legalización del complejo urbanístico producida en 2007, Carlos Hernández.
Democracia Ourensana llevó a la vía penal el caso de la Plaza San Antonio, pero no fue parte en el procedimiento. Cogió el testigo la hija de un promotor permanentemente enfrentado con el anterior gobierno municipal.
