El 8 de marzo, la representación legal de Áurea Soto y del abogado Carlos Hernández -acusado junto a ella en el caso de la Plaza San Antonio, y también absuelto- registró una querella contra Leonardo Álvarez ante el Tribunal Superior de Xustiza. Soto y el letrado culparon al juez decano de Ourense de una predisposición para abrir juicio a la entonces edil.
En julio de 2014, Soto pidió el archivo del caso de la Plaza San Antonio, poniendo de manifiesto la existencia de un auto del TSXG que avalaba, a su entender, la licencia, y que el PXOM 2003, que estaba aún en vigor, permitía la titularidad privada del subsuelo en una plaza pública en superficie. El juez rechazó el archivo. En la querella, Soto culpa a Álvarez de aludir a la sentencia del TSXG, en dos ocasiones, manipulando presuntamente la fecha para poder armar el proceso de prevaricación. Los querellantes reprocharon la falta de imparcialidad del juez y su intención de "dañar la imagen" de la edil para que dimitiera del cargo.
Pasados tres meses del registro de la querella, el TSXG aún no se ha pronunciado sobre si la admite o no a trámite. La Fiscalía del Superior pidió el archivo. El órgano competente para pronunciarse es la instancia para aforados, la Sala de lo Civil y Penal. La resolución podría llegar la próxima semana.
El fiscal planea denunciarla
Con la presentación de la querella el fiscal adelantó la posibilidad de ejercer acciones contra la exedil por un delito contra el honor. El juez decano estaba esperando al futuro del caso para decidir qué hacer. La Fiscalía pidió permiso al Penal 2 de Ourense, donde se celebró el juicio de la Plaza San Antonio, un trámite para poder actuar contra la exedil por sus manifestaciones en la última palabra. Soto acusó al juez de falsificar el auto de apertura de juicio oral.
