J. D. P. M., un coruñés de 43 años de edad, fue juzgado por un presunto delito de daños informáticos en los servidores de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. La juez de apoyo al Penal 2 de Ourense, Noemí González, lo absuelve al no haberse acreditado que el acusado hubiese sido el "hacker". La Fiscalía solicitaba 2 años de cárcel.

El acusado, que negó los hechos en el juicio, trabajó como administrador de sistemas para una empresa informática hasta noviembre de 2013. La mercantil se encargaba de la administración de los servidores del organismo de cuenca. La madrugada del 26 de diciembre de 2013, se produjo un acceso no autorizado a la infraestructura informática de la Confederación, que dejó inoperativos e inaccesibles los servidores desde esa fecha hasta el 7 de enero de 2014, con el consiguiente perjuicio económico, al impedir el acceso de los usuarios a la página web, el correo electrónico, el servidor de ficheros, la traducción de nombres (D. N. S.) así como las bases de datos.

A tener de la versión del acusado y los testigos, la juez absuelve, entre otras razones, porque no puede descartar que las claves no fueran usadas por terceras personas para acceder a la gestión de los equipos de la CHMS.