Condenan al Concello a pagar 80.000 euros más a Proavia por intereses de demora

-El juzgado la sube 250.000 euros, que se suman a los 2,5 millones de indemnización -El alcalde señala la "desidia" del anterior ejecutivo socialista, que tardó en pagar 20 meses

17.06.2016 | 03:13
Terrenos de Proavia, en O Couto, sujetos a un convenio que no se cumplió y que provocó la indemnización. // Iñaki Osorio

Un nuevo cargo para las arcas municipales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó recientemente un recurso de la empresa Proavia relativa al pago de los intereses de demora por la indemnización de algo más de 2,5 millones de euros, fruto de un acuerdo al que llegaron en su momento en el juicio a celebrar el Concello y los representantes de la empresa. Eso supone que se incremente en dos puntos porcentuales, lo que supone abonar 80.000 euros más que se suman a los 160.839 euros que había establecido en primera instancia el juzgado de Ourense. Por lo que el total de intereses de demora se sitúan en los 250.000 euros.

Así, uno de los argumentos del auto judicial es el del "muchísimo retraso" en el pago de la indemnización, más de 20 meses, desde el momento que se produjo el acuerdo judicial para abonar la indemnización establecida, por un importe que superaba los 2,5 millones de euros. Una situación que para el actual alcalde, Jesús Vázquez, es imputable a la "desidia" del anterior gobierno Socialista, que solo puso en marcha el mecanismo una vez recibió el requerimiento del propio Juzgado.

El pago de la indemnización millonaria se aprobó en un pleno celebrado en abril de 2015, poco antes de las elecciones, y que contó con el apoyo del grupo popular, que estaba en la oposición. Y la indemnización es consecuencia del incumplimiento de un convenio urbanístico en 2003, y la falta de acuerdo con los representantes de la empresa derivó en un procedimiento judicial, con una sentencia firme en septiembre de 2013 , previo acuerdo entre el Concello, representado por un letrado externo, y la empresa, fijando la cuantía económica en algo más de 2,5 millones.

Pero desde ese mismo momento nada se hizo, pasando los meses sin que se atendiesen las advertencias de pagar la indemnización pactada por parte del interventor municipal, en el sentido del "alto coste" que podrían tener los intereses de demora para las arcas municipales.

Pero el anterior gobierno socialistas solo incluyó la cuantía de los 2,5 millones más una estimación de intereses, en el presupuesto de 2014, y en el apartado de inversiones, pero no se pudo concretar debido a que fue aprobado a finales de noviembre y un mes después el ex alcalde, Agustín Fernández, firmaba el correspondiente decreto de prorroga de los mimos, que son los que están vigentes en la actualidad.

De poco sirvieron las reiteradas iniciativas de los grupos de la oposición, en aquel momento las del Partido Popular, BNG y Democracia Ourensana, para que por parte del entonces gobierno municipal se procediese al pago de la indemnización a Proavia, alertando del coste en concepto de intereses de demora, como así se viene de confirmar con la resolución del alto tribunal gallego.

La demora había generado unos intereses que se fijaban en 160.839 euros, contemplando el 4% de interés desde septiembre de 2013, momento en que es firme la sentencia, además de que se produjese una advertencia del juzgado, y un posterior requerimiento en el que se le daba de plazo hasta el 15 de mayo para hacer frente al pago. Como no se hizo, el 22 de mayo el titular del juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Ourense, Verdeja Melero, fue más determinante en su auto.

Fijaba el plazo de quince días para el pago, y de no cumplirse, se pasaría a las sanciones a título individual. Por lo que acordó "requerir personalmente al alcalde del Concello, con indicación de nombre y apellidos, para que en ese plazo , con el apercibimiento de que "podría imponer multas coercitivas desde 150 a 1.500 euros, además de incurrir en un posible ilícito penal de desobediencia a mandato judicial".

Fue precisamente ese ultimátum judicial, lo que llevó al gobierno socialista a que acelerase todo el proceso, que se concretaría en el pago de la deuda a Proavia, lo que finalmente se aprobó en un pleno celebrado en junio de 2015, vía modificación de crédito, con un gobierno en funciones y las elecciones municipales celebradas.

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