El periodo de revisión es, desde ahora, continuo: una causa penal no puede prolongarse más de 6 meses, salvo prórrogas a petición de la Fiscalía que ampliarán el plazo de instrucción a 18 meses (causas complejas) o 36 como máximo (las más laboriosas). Pero el lunes 6 de junio fue el día D para los fiscales de toda España tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En Ourense, el ministerio público pasó la prueba con holgura, sin los agobios de otras provincias. En el conjunto de Galicia, los fiscales se dieron un atracón desde el 1 de junio para revisar a tiempo casi 1.197 procedimientos. En la última semana, en contraste, solo quedaban 53 en Ourense según la secretaria coordinadora; 14 desde el día 1, según el Ministerio de Justicia.
El fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, hizo ayer balance de esta evaluación de todas las causas en trámite que estaban abiertas antes de la entrada en vigor de la reforma. Los fiscales del área penal revisaron 1.908 causas; la gran mayoría en los últimos 2 meses. De la totalidad de procedimientos controlados en los juzgados de los nueve partidos judiciales de la provincia, el ministerio público únicamente solicitó prolongar la instrucción, por razón de complejidad, en un total de 149, algo menos del 8 %.
En otras 102 diligencias penales aún vivas, la Fiscalía solicitó la suspensión del plazo legal. Se debe, explicó Delgado Ayuso, a situaciones particulares de investigación, en las que existen diligencias acordadas antes del vencimiento del periodo, pero que no han sido incorporadas a la causa y cuyo resultado podría ser relevante hasta el punto de requerir otras. Se trata de instrucciones que tienen pendientes pruebas caligráficas, médicas o de armas, puso como ejemplo el fiscal jefe.
Las cifras ponen de manifiesto que la gran mayoría de causas revisadas por la nueva ley, un total de 1.657, el 87 %, deberían concluir ya con auto de imputación o archivo.
