"La reforma nace con un pecado original, al atribuir al fiscal el control de unos plazos que tienen que ver con la instrucción, lo que quiere decir que tiene controlar la casa de alguien ajeno. No tenemos poder de disposición de las diligencias, sino que es el juez", advierte el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado sobre la reforma que ha obligado al ministerio público a una revisión plena de los casos penales abiertos antes de la vigencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que rige desde el pasado 6 de diciembre. Delgado considera que el sistema de instrucción debería girar al modelo de otros países, la gran mayoría de Europa, donde es el fiscal el que ejerce la instrucción, tal y como ya sucede desde principios de siglo en Menores. "Se nos da la atribución del control de los plazos de la instrucción, pero no se nos da la instrucción; por lo tanto, el sistema quiebra un poco. Separar cuánto tiempo requiere la investigación de la propia investigación la mediatiza", añade el jefe provincial de la Fiscalía. La labor de revisión se ha encontrado con la dificultad añadida de que existen aplicaciones informáticas distintas entre Fiscalía -dotada del sistema Fortuny- y los juzgados -trabajan con Minerva-. "Si solo hay una investigación y el fiscal participa de manera activa, no tiene sentido que las diligencias previas estén en dos aplicaciones distintas. Genera disfunciones, duplica el trabajo y hace difícil el control. Siempre hemos reivindicado un único sistema para toda la justicia penal", critica Delgado. Como efecto "bueno" de la revisión intensiva, el fiscal jefe dice que "ha habido asuntos que, con nuestro control, los hemos sacado del cajón; en ese sentido ha servido para resetear". Pero matiza: "Con el sistema que tenemos solo existe la posibilidad de actuar en el plazo de los 6 meses, pero no controlar la tramitación de un caso, que el juzgado puede tener esos 6 meses encima de una mesa".
