La juez tomó declaración en calidad de testigos al asesor jurídico de la Diputación, José Eugenio Galindo, y al representante del hotel en el que supuestamente se produjo el encuentro sexual en marzo de 2010. El asesor admitió que se reunió una vez en 2012 con el entonces abogado de la mujer y que éste reclamó un puesto indefinido para ella, tras una concatenación de trabajos temporales. En dicha conversación, se refirió a la existencia de las grabaciones comprometedoras pero el ya presidente, José Manuel Baltar, rechazó de forma contundente realizar ese contrato. El representante del hotel ratificó que no consta registro ni factura de la suite 505 en la fecha indicada.
