El 16 de octubre de 2010 era día de caza. Aquella tarde, una yegua y un caballo que pastaban en un prado de la localidad de Prada, en el concello de A Veiga, fueron abatidos por seis disparos realizados con rifles. El responsable fue Santiago Ramón Vidal Silvela, un cazador. Así lo entiende la juez de apoyo al Penal 1 de Ourense, Noemí González Camba, que impone al acusado 6 meses de prisión por un delito de maltrato de animales domésticos. La condena, que aún admite recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, incluye 2 años de inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con animales.

El encausado, un vecino de 44 años de Carballeda de Valdeorras, admitió en el juicio la posesión de los dos rifles relacionados con los hechos pero su versión es que él no efectuó los disparos que acabaron con la vida de los equinos. Nadie lo vio, pero la magistrada se basa en el atestado y en la pericial de sus armas, la que califica como "principal prueba de cargo".

El hombre tendrá que indemnizar a la dueña de los animales en la cantidad de 351,50 euros, por los gastos de traslado a la planta de recogida. Los animales estaban valorados en 3.500 euros, aunque la cantidad a resarcir se determinará en la fase de ejecución.

La yegua, que pesaba 569 kilogramos, recibió un impacto en la parte trasera del maxilar inferior izquierdo, que le produjo un desgarro y separación total ocular y de una porción de carne. Las lesiones no le ocasionaron la muerte inmediata, sino que sufrió una agonía y se arrastró unos 15 metros. Por su parte, el caballo, mayor de dos años y de 456 kilos, recibió el impacto en la zona del cuello, con el orificio de entrada en su lado derecho y el de salida en el izquierdo.

La Guardia Civil encontró casquillos muy característicos, con una marca roja El servicio de criminalística de la Guardia Civil confirmó que los casquillos hallados junto a los animales muertos fueron disparados por las dos armas del acusado, "con una certeza del 100 %". En un control a un grupo de cazadores realizado con posterioridad a los hechos, el instituto armado intervino al acusado munición con ese detalle distintivo. La defensa cuestionó la recogida de las balas, el atestado, la cadena de custodia y la pericial. La juez entiende que las diligencias fueron correctas.