El límite a los plazos de instrucción de las causas penales anteriores a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del pasado diciembre se materializó ayer. Y Ourense pasó la primera prueba del algodón. Los fiscales -15 más el fiscal jefe prestan servicio en la provincia- controlaron a tiempo, y además sin apuros en los últimos días, el 100% de los procedimientos penales que se encontraban en trámite con la entrada en vigor del cambio legal, el pasado 6 de diciembre. Los fiscales de Ourense coinciden al señalar que el trabajo se inició con previsión para evitar un atracón de última hora, tal y como ocurrió en el global de Galicia, con 1.197 procedimientos pendientes a fecha 1 de junio que se dejaron a 0 a fecha de ayer.
En un proceso en el que han tenido que cooperar fiscales, magistrados y secretarios sin contar tan siquiera con las mismas aplicaciones informáticas de recuento -Fortuny es la base de datos de la Fiscalía; Minerva la de los juzgados; aunque ni siquiera todos disponen de las aplicaciones-, los datos oficiales tampoco coinciden.
Según las cifras facilitadas ayer por la secretaría coordinadora, el ministerio público y los distintos juzgados marcaron el plazo de 1.824 causas. Tras un trabajo continuado en el tiempo de revisión no ha quedado ninguna causa sin ser revisada. A 31 de mayo, a una semana vista de la esperada fecha del 6 de junio, únicamente faltaban 53 procedimientos por ser controlados en todos los juzgados de instrucción o mixtos de la provincia.
Los datos difieren con los del Ministerio de Justicia, que ayer hizo balance de los 6 meses de la nueva norma a primera hora, pese a que el trabajo de recuento proseguía. Según el Gobierno, el 6 de diciembre había en Ourense 1.651 procesos penales sometidos a la necesaria revisión. El 1 de junio eran solo 14 los pendientes, según la misma fuente.
La labor de control para determinar si la instrucción de un procedimiento concluye este mismo mes, o se prorroga hasta junio de 2017, con la posibilidad de una última ampliación hasta el máximo permitido para las causas más complejas (36 meses), se ha llevado a cabo gracias a la "coordinación" entre fiscales, jueces y secretarios, coinciden las fuentes consultadas en Ourense.
