Resoluciones judiciales

El TSXG desestima una reclamación de 1,6 millones al Concello por la caída del PXOM

Se refiere a unos terrenos en Casardomato que no llegaron a urbanizarse durante la vigencia del plan de 2003 - Otra sentencia condena a la anterior adjudicataria de zonas verdes, Acciona, al pago de 446.000 euros

03.06.2016 | 02:59
La zona de Casardomato, en la periferia de la ciudad, donde se encuentran los terrenos. // Iñaki Osorio

Dos resoluciones judiciales se han convertido en sendas "buenas noticias" para el Concello de Ourense, como así lo puso de manifiesto el alcalde, Jesús Vázquez, al dar a conocer la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que desestima una reclamación patrimonial de 1,6 millones de euros por parte de una empresa relacionada con la caída del Plan Xeral de ordenación Municipal (PXOM) de 2003.

La otra buena nueva llega del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número, que en un auto definitivo fija la indemnización que deberá abonar a las arcas municipales la anterior concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes y parques de la ciudad, Acciona, en 446.000 euros.

De estos dos asuntos, relacionados con el servicio de Asesoría Jurídica, daba cuenta el alcalde en su comparecencia posterior a la reunión de la Junta de Gobierno Local que se celebró ayer, dejando patente su satisfacción por las resoluciones judiciales, de importante transcendencia para el Concello.

En relación a la sentencia del alto tribual gallego, Jesús Vázquez destaca que "aceptó todos los argumentos esgrimidos por la abogacía municipal, algo que acontece por primera vez", y señala que no procede indemnización alguna. Se trata de unos terrenos situados en la zona de Casardomato, a las afueras de la ciudad, que constituían en el Plan de Urbanismo de 2003 un sector de suelo urbanizable.

Así, en la sentencia se señala que no se llegaron a urbanizar esos terrenos durante la vigencia del planeamiento y, luego de que el Tribunal supremo procedió a su anulación definitiva, los terrenos volvieron a tener la calificación de suelo rústico. Concreta el TSXG, como uno de los argumentos centrales para la desestimación, que por parte de los propietarios "no se procedió a la patrimonialización de esos terrenos", que pasaban por realizar el proceso de urbanización de los mismos.

Es por eso que desestima la reclamación realidad por el propietarios de los mismo, y que ascendía a 1,6 millones de euros en concepto de los daños ocasionados por la anulación del plan de urbanismo, que afecta directamente a la posibilidad de edificar.

Sobre los problemas derivados con la anulación del Planeamiento Urbanístico de 2003, el alcalde destaca que se trata de la cuarta resolución favorable al Concello, de otras tantas reclamaciones patrimoniales millonarias.

De ahí la relevancia que tienen estas sentencias para Jesús Vázquez, a la espera de que se resuelvan otras que están pendiente del fallo judicial, después de que tanto empresas como particulares acudiesen a la justicia, una vez que por parte del Concello se había rechazado en su momento los recursos presentados con las correspondientes reclamaciones patrimoniales.

Todas estas reclamaciones están vinculadas al cambio de calificación de los terrenos, esgrimiendo los "daños ocasionados", aunque en la practica totalidad no se realizó actúan alguna, en función de la nueva calificación del suelo que le otorgaba el anterior PXOM.

Incumplimientos

Por otra parte, con el auto del magistrado del Juzgado Contencioso-administrativo número 2, que cierra el procedimiento que se siguió por el Concello frente a la empresa que gestionaba el servicio municipal de mantenimiento de zonas verdes y parques de la ciudad, Acciona, por reiterados cumplimiento. En su resolución, se condena a la empresa al pago de una indemnización que se fija en 446.000 euros, por los incumplimientos del contrato, como se establecía en el pliego de condiciones técnicas, y que llevó consigo el correspondiente expediente administrativo por parte del Concello y las sanciones. Todas recurridas por la empresa en vía judicial.

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