Una mujer de 25 años de edad, natural de Puerto Plata (República Dominicana), otra mujer de 51 años natural de Rodeiro (Pontevedra), un hombre de 53 años con domicilio en Chantada (Lugo), así como una mujer de 36 años, oriunda de Arenoso (República Dominicana), fueron detenidos por la Policía Nacional como sospechosos de un delito de falsedad documental por los presuntos contratos fraudulentos realizados a las dos mujeres dominicanas con la intención de regularizar su estancia en España.
Una de ellas fue dada de alta como mozo especialista para una empresa vitivinícola sita en la localidad de Chantada (Lugo), mientras que la otra mujer era contratada supuestamente como empleada de hogar. En realidad, tal y como determinó la investigación policial, la empresa vitivinícola regentada por un exmatrimonio contrató a las dominicanas para regularizar su estancia en España, siendo el verdadero medio de vida de las beneficiarias el ejercicio de la prostitución.
Había "incoherencias"
Según explicó ayer en un comunicado la Comisaría de Policía Nacional de Ourense, las investigaciones de los hechos se iniciaron el 20 de abril, "cuando se detectan una serie de incoherencias que evidencian el carácter fraudulento de la contratación" de las dos dominicanas.
La investigación concluyó que la verdadera finalidad de los contratos no era una relación laboral convencional, sino la regularización de estancia en España de ambas mujeres. Se atribuye a los sospechosos un presunto delito de falsedad documental, después de las pesquisas llevadas a cabo por el Grupo Operativo de Extranjería, en colaboración con la Subdelegación de Gobierno, la Inspección de Trabajo de la provincia de Lugo y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La operación fue bautizada con el nombre de "Siladega".
Todos los detenidos, tanto el antiguo matrimonio que regenta la vitivinícola como las dos prostitutas carecían de detenciones hasta la fecha. Tras ser requeridas por la Policía para la práctica de las diligencias necesarias, los cuatro fueron puestos en libertad. El caso se adentra desde ahora en la fase de instrucción judicial, para que la Fiscalía y un magistrado determinen si hay indicios suficientes para que los sospechosos se sienten en el banquillo de los acusados.
