Un juez obliga a la Xunta a dar una ayuda negada a una inmigrante tras pedirle documentación no requerida

La mujer, en situación irregular y con una hija pequeña a su cargo, recibirá los 1.065 euros solicitados más 1.000 por daños y perjuicios

01.06.2016 | 02:45

E. A. P. V. pidió a finales de 2014 una ayuda de inclusión social para alimentación básica y otras necesidades vitales, con una hija pequeña a su cargo. La consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia se la denegó tras solicitar a la particular, inmigrante en situación irregular, que aportara copia de la tarjeta de identificación de extranjero o permiso de residencia, pese a que no era un requisito exigido, tal y como puso por escrito una trabajadora social del Concello. La administración archivó la solicitud al entender que la interesada había desistido por la no presentación de una documentación que no era preceptiva. En julio de 2015, la directora xeral de Familia e Inclusión, desestimó el recurso de alzada. La mujer llegó a la vía judicial. En el turno de oficio -asistencia jurídica gratuita- seleccionó al abogado Miguel Diéguez Díaz. Un juez ha estimado la demanda.

En una sentencia firme, contra la que no cabe recurso alguno, el magistrado titular del Contencioso Administrativo 2 de Ourense, José Andrés Verdeja, condena a la Xunta a que conceda a E. A. P. V. la ayuda de inclusión social solicitada, que asciende a 1.065 euros, más la suma de los intereses legales que correspondan.

Además, el juez impone a la administración autonómica el pago de una indemnización por daños y perjuicios, "que se estiman en la suma de 1.000 euros en concepto de daños morales", refleja la sentencia, de fecha 24 de mayo.

La demanda en la vía contenciosa llamó la atención sobre el "error" cometido por la Xunta, que confundió en el expediente la solicitud de una ayuda de inclusión social -puntual- con la de una Renta de Integración Social (RISGA), que es periódica y "para la obtención de la cual se exigen requisitos, diferentes (...) Esta parte quiere entender que se trata de un error de dicción, propio de un "copia-pega" y no fruto de dejadez en las resoluciones de la administración. Y queremos entender que es así por cuanto se trata de ayudas de necesidad vital para gente absolutamente necesitada y en estado real de emergencia social", expuso el letrado.

Las ayudas de inclusión social están destinadas a sufragar gastos extraordinarios y urgentes, razón por la que no es necesaria acreditar la residencia legal (un requisito imprescindible, en cambio, para optar a una RISGA), sino ser mayor de edad, estar empadronado o vivir en Galicia, así como no disponer de ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación que justifica la solicitud de la ayuda

Para el juez "la petición efectuada por la actora es clara; se trata de una solicitud de inclusión social", entre cuyos requisitos exigidos "no se comprenden los relativos a la tarjeta de identificación del extranjero ni la copia del permiso de residencia". El magistrado José Andrés Verdeja remarca que "no puede olvidarse que nos encontramos ante unas ayudas que tienen por objeto atender situaciones de emergencia y sufragar gastos extraordinarios y urgentes, por lo que cuestiones tales como la tenencia o no de un permiso de residencia o una tarjeta de identificación extranjero son irrelevantes". Según añade, "lo determinante es que concurra esa situación de extraordinaria urgencia, que en el caso que nos ocupa no se discute".

El juicio de este caso se celebró el pasado 16 de mayo. El magistrado concluye que "de la prueba practicada se desprende con total claridad que la actora reunía requisitos en el momento de la solicitud, por lo que la ayuda debió ser concedida, en lugar de denegar la misma sobre la falta de aportación de una documentación que sí puede ser exigida en el caso de solicitud de reconocimiento de derecho a RISGA, pero no para la solicitud de una Ayuda de Inclusión Social".

"Vio obstaculizada su petición"

El abogado de la demandante reclamó daños y perjuicios por los más de 2 años transcurridos desde la petición de una ayuda tendente a paliar una situación grave. El juez lo comparte: "Nos encontramos ante una persona que, ante una situación de urgencia, no solo no se vio asistida por la administración demanda, pese a tener derecho a ello, sino que vio obstaculizada injustificadamente su petición, hasta el punto de tener que acudir a la vía judicial (...), siendo fácilmente comprensible la añadida dificultad que ello ha podido suponer para una persona en la situación de la recurrente, inmigrante sin residencia legal y con una hija recién nacida.

Aunque la reclamación encajaría en el ámbito de la responsabilidad patrimonial, el magistrado admite la indemnización por daños morales "a fin de evitar así un nuevo peregrinaje" de la actora ante la administración. Su abogado alababa ayer la decisión del juez: "Apenas hay demandas de personas en situación irregular aunque estén en situación vulnerable, pero tienen que saber que tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas".

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