Hasta que termine el plazo de revisión, la Fiscalía de Ourense no tendrá la cifra exacta de los centenares de causas a estudio por los fiscales para decidir si procede la solicitud de prórroga más allá de los seis meses declarados para la instrucción de una causa, excepto si tiene complejidad. El trabajo de recuento y decisión está sobrecargando al ministerio público desde hace semanas, aunque también a los jueces y a los secretarios, estos últimos obligados a llevar la cuenta de todos los asuntos penales en trámite y, por tanto, expuestos a un dictamen sobre el tiempo de investigación. El 6 de junio termina el periodo inicial para que el fiscal solicite las últimas pruebas en los casos simples -el plazo es de 6 meses a contar desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas-, o bien proponga la declaración de complejidad de la causa, lo que concede margen hasta 18 meses, que de nuevo podrían estirarse hasta un máximo total de 3 años.
Sin cifras oficiales sobre el trabajo de evaluación que los fiscales están llevando a cabo en Ourense, al igual que en el resto del Estado -la Fiscalía Provincial tiene de plazo hasta el 10 de junio para remitir los datos al Superior-, sirva como referencia algún ejemplo individual. El fiscal delegado de Violencia de Género, Julián Pardinas, contabilizó 211 causas sometidas a revisión de plazo en Instrucción Tres de Ourense. Estas son sólo las pares del órgano; el estudio de las impares corresponde a otro.
Según la base de datos de estadística judicial del Consejo General, a cierre de 2015 los tres juzgados de instrucción de Ourense acumulaban 414, 343 y 318 diligencias previas, respectivamente, en estado pendiente al finalizar el año. La revisión se extiende a los otros ocho partidos judiciales de la provincia, que según la misma fuente del Poder Judicial contaban con entre 31 -en el caso del juzgado único de Trives- y 182 -uno de los dos instructores de O Carballiño- diligencias previas en estado vivo. A esta cuenta, además, habría que sumar las ejecutorias, procedimientos abreviados y sumarios en trámite de cada sede.
"Se está produciendo un desajuste importante y la revisión es caótica, entre otras cosas porque el fiscal no tiene acceso al programa Minerva de los magistrados, donde podemos ver el estado de las causas", expone el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, titular de Instrucción 1 de Ourense.
En su opinión, el plazo de 6 meses para una causa simple "no es nada. Técnicamente el 80% pueden ser complejos, puesto que el mero hecho de la citación de un investigado, y la devolución de esta más una diligencia de localización, puede consumir, por ejemplo, 2 meses". El decano cuestiona una ley que, en su opinión, "no arregla nada y crea más trabajo. Es absurda y faltan medios".
Para el fiscal Miguel Ruiz, la reforma que entró en vigor el 6 de diciembre, en la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -la misma que sustituyó el término imputado por investigado-, es "un primer paso para evitar las instrucciones sine die. La idea es que las pruebas se practiquen en el juicio oral".
El representante del ministerio público, que lleva 2 meses repasando las causas de sus juzgados, cree que debería acompañarse de la implementación del expediente digital. "Controlar todas las causas pendientes ha provocado más carga de trabajo, porque los juicios se siguen celebrando y hay que seguir calificando casos". Más allá de los problemas de acceso desde sus despachos al sistema informático de los juzgados, "no tener la causa física impide ver con detalle qué falta".
¿Hay riesgo de que un delito quede sin ser acreditado por no haber pedido la prórroga a tiempo? (el periodo se suspende durante el secreto de sumario o archivo provisional)". De ahí el trabajo intenso por nuestra parte y el de los juzgados por evitar que se cumpla el plazo sin haber solicitado una diligencia importante para determinar la autoría o la inocencia".
Desde el otro lado, el abogado Jorge Temes asegura que "de todas las oposiciones que hemos hecho a prórroga solo hemos tenido éxito en un caso". Según su experiencia desde la entrada en vigor de la ley de plazos, "el fiscal está solicitando la prórroga en casi todos los procedimientos, incluso en los que se deberían resolver rápidamente, también los más antiguos, que llevan más de 3 años de investigación". El letrado valora positivamente la ley, que tanto esfuerzo extra están causando a fiscales, jueces y secretarios: "Acotar el tiempo de investigación preserva derechos esenciales del justiciable, como esperar una respuesta en tiempo razonable. En toda Europa hay instituciones similares, en Portugal desde hace varios años".
