El juez da por finalizada la investigación de un supuesto caso de espionaje interno en el PSOE de Ourense y ve indicios delictivos en el proceder de dos cargos de la Ejecutiva Provincial, el policía nacional ya jubilado Enrique Camoeiras y la excandidata al Senado Teresa Taboada por averiguar los antecedentes de un compañero que, como ella, aspiraba a un puesto en la lista de las generales de diciembre. Las defensas pidieron el sobreseimiento del caso pero el titular del juzgado de Instrucción 1, Leonardo Álvarez, ha ordenado la continuación de las diligencias penales por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos pudieron constituir un delito contra la intimidad.
Con el auto se abre un plazo de diez días para que acusaciones y defensas den su parecer. El instructor pide que se pronuncien sobre la apertura de juicio contra los dos cargos orgánicos del PSOE, o bien sobre el sobreseimiento. La postura de la Fiscalía es una incógnita, puesto que no ha participado en ninguna de las declaraciones del proceso, ni en la de los dos investigados, el pasado mes de enero, ni en la de tres cargos del PSOE, incluido el líder provincial, Raúl Fernández, que acudieron a declarar como testigos. Pero el proceso podría llegar a juicio aunque el ministerio público pida el archivo, puesto que el perjudicado, José Arcos, abogado -entre otros, del caso contra Baltar padre- y exintegrante de la Provincial -se dio de baja del PSOE, ejerce la acusación particular. La intención de esta parte es formular escrito contra los dos imputados.
En septiembre de 2015, en pleno proceso de listas, una escucha telefónica en el marco de una causa instruida en Vilagarcía de Arousa, captó la conversación entre dos compañeros, cargos de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Ourense. Teresa Taboada, aspirante al Senado y secretaria de Acción Electoral, llamó por teléfono a Enrique Camoeiras, integrante de la Ejecutiva y expolicía nacional. Esa charla quedó grabada. El agente usó sus claves para entrar en la base de datos y consultar los antecedentes de Arcos, después de que Taboada dijera si se podía enterar si el rumor que circulaba sobre un arresto suyo por parte de la Policía Local, en el pasado, era cierto; una infracción vial, en 2008, de la que salió absuelto por la justicia.
Erróneamente, el magistrado deduce que la aspirante al Senado el 20-D y la más votada por la militancia de la provincia -esta semana renunció a repetir en la lista del 26-J por este procedimiento judicial- pidió dicha comprobación al policía y compañero "porque podía ser un candidato que le disputase un escaño en el Senado".
En realidad, Arcos era aspirante al Congreso. Fue el tercero más votado por la militancia, el primero de los hombres, por lo que le correspondería el segundo puesto por la corrección de género, pero finalmente fue situado de 4, en idéntica maniobra de Ferraz, con el visto bueno del exsecretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, que retiró a Laura Seara de la apertura de la candidatura pese a ser la más apoyada para ir al Congreso, aupando de cabezas de lista a las dos cámaras a Rocío de Frutos y Luis García Mañá. En la fase final del proceso de listas, Arcos presentó su renuncia.
El juez cree que las versiones de los imputados juegan en su contra. Camoeiras se acogió a su derecho a no declarar y Taboada "tampoco dio una explicación razonable". La excandidata al Senado aseguró a la prensa que no ha habido ánimo de hacer daño a nadie, sino que se hizo con la máxima discreción para no perjudicar a ningún compañero". Su versión es que el PP tenía la información y podría usarla contra el PSOE en campaña. Creía no estar cometiendo delito, "porque se supone que había una sentencia, y son públicas".
El instructor cita abundante jurisprudencia hasta concluir que el supuesto espionaje entre compañeros del PSOE de Ourense, consumido desde hace lustros por sus guerras internas, fue un acto delictivo aunque no haya pruebas para deducir que se hubiera divulgado la información sobre los antecedentes, después de que los tres cargos del partido citados como testigos afirmaran al juez que lo desconocían. "Sólo el hecho de que los dos investigados hayan accedido a los antecedentes policiales del señor Arcos es per se constitutivo de un perjuicio para el mismo. Consecuentemente, la conducta investigada es constitutiva de un delito contra la intimidad, pues toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a sus antecedentes policiales, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la ley, formando parte de su derecho a la intimidad".
