El portavoz del grupo de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, acudió de nuevo ayer al edificio judicial, en este caso a la Fiscalía para presentar un escrito en el que solicita que se investigue un presunto caso de nepotismo del portavoz del grupo de gobierno municipal, José Araújo (PP), relativa a la contratación de un sobrino político como operario fijo de la empresa concesionaria de los servicios de limpieza Ecourense.
En el escrito que Pérez Jácome ha presentado en Fiscalía reclama la investigación del contrato a un sobrino del marido de Araújo "a los 17 días justos de entrar en el Concello", y destaca que se trata del edil del área de Infraestructuras, Medio Ambiente y también de Limpieza. Sostiene el portavoz de DO que hay fundadas sospechas de la existencia de hechos constitutivos de delito, como "prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito".
El mensaje de Jácome antes de presentar en escrito fue el de "vamos a ver qué dice el fiscal. Si no dice nada vamos a seguir adelante con una denuncia judicial". Y advirtió de que no "vamos estar a merced del fiscal", por lo que en el caso de no actúe se planteará tomar medidas, incluso dar parte al Consejo del Poder Judicial, y de esa forma impedir que se proceda al archivo del asunto, que considera es de "especial gravedad".
En este sentido, DO pide que se "investigue a fondo" la contratación del sobrino político del concejal de Limpieza, que es el responsable de "fiscalizar y controlar" la actividad de la empresa adjudicataria del servicio municipal.
De ahí, y en función de los datos aportados, que por parte de DO se reclama a la Fiscalía que "investigue" con se formalizaron los contratos , por entender que "podría no ser un caso aislado -el de la contratación del familiar de Araújo-, y constituir un modus operandi" en esta concesionaria y otras del Concello.
En lo que incide Jácome es que el listado de supuestas irregularidades continúa con denuncias recibidas por DO relacionadas con el personal de la empresa. A lo que se sumaría los dos casos de legionela que se registraron durante el verano y que en la actualidad se investiga en una comisión municipal, y que podrían sacar a la luz supuestos incumplimientos graves en materia de riesgos laborales con una propuesta de sanción que puede llegar a los 300.000 euros, si se considera una "falta muy grave".
Lo que puso de manifiesto en su escrito DO es todo lo relacionado con lo que establece el pliego de condiciones técnicas y administrativas que rigen el contrato de adjudicación. Y alerta sobre un "presunto fraudulento incumplimiento del mismo".
Sobre esta cuestión, Pérez Jácome señala que en muchos de los pagos mensuales existen "serias discrepancias" con los técnicos del Concello, por lo que esas facturas acaban "siendo minoradas sensiblemente". Y recuerda que el coste anual de la concesión supera los 9 millones de euros.
