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Las adjudicaciones municipales en el centro de la polémica

El Concello plantea al administrador concursal de Linorsa la rescisión voluntaria del contrato

El alcalde trasladó la decisión al comité de empresa en una reunión celebrada ayer como primera alternativa para resolver el conflicto - De aceptarla, otra firma se haría cargo de la limpieza en los colegios de forma provisional

El alcalde, Jesús Vázquez, en la reunión que mantuvo ayer con los miembros del comité de empresa y representantes sindicales. // Iñaki Osorio

El Concello tiene previsto trasladar al administrador concursal de Linorsa la rescisión voluntaria y unilateral del contrato del servicio municipal de limpieza de colegios públicos de Ourense, como primera alternativa para resolver el conflicto. Así se lo trasladó el alcalde, Jesús Vázquez, a los miembros del comité de empresa con los que mantuvo una reunión ayer para analizar la situación "de desesperación en la que se encuentran las trabajadoras", debido a que se les adeudan dos meses y medio, y pasaría a sumarse el de abril.

De aceptar la concesionaria ese planteamiento, Vázquez explica que el Concello podría "contratar al día siguiente otra empresa por los dos meses que quedan de contrato" antes de finalizar la concesión que tiene Linorsa, y proceder a la nueva adjudicación antes de que comience el nuevo curso escolar. Se trata de un "contrato momentáneo y temporal".

Pero "manteniendo Linorsa la obligación de abonar los dos meses y medio que debe, al que se le debe sumar el de abril, que está a punto de finalizar", concretó el regidor. Lo que deberá decidir el administrador concursal, una vez cuente con toda la información, es precisamente la liquidación de la empresa o regularizar los pagos pendientes.

En relación a los pagos, Jesús Vázquez señala que por parte del Concello le fueron retenidos los pagos de los dos últimos meses "por garantía", y anuncia que "estudiamos si presentarnos en el propio concurso". "El Concello siempre cumplió con sus obligaciones y los pagos que le correspondían", sentenció.

Salarios

Al término de la reunión, por parte de UTG se anunció que aparte de las acciones que realizará el Concello, como ya está personado en el concurso y una vez iniciado el plazo, comunicará los créditos de los trabajadores contra la empresa concursada.

Después de valorar "positivamente" el compromiso del alcalde, esperando que no se quede en un "postureo", se pueda alcanzar una solución como se produjo en Vigo. Compartiendo el planteamiento de Jesús Vázquez, en el sentido de concretar con el administrador concursal que se haga cargo de los salarios pendientes de las trabajadoras de Ourense, o si no, que deje al Concello contratar una empresa hasta finales de junio, que es cuando finaliza el periodo de adjudicación a Linorsa.

Lo que también anuncian las organizaciones sindicales, es la intención de mantener las acciones de presión hasta que no haya una respuesta firme por parte del alcalde. Convocan a todos los trabajadores de la empresa a las concentraciones que se seguirán celebrando todos los días entre las 11.00 y las 12.00 horas en la entrada al Concello, como aconteció en la mañana de ayer.

Otra de las cuestiones a las que hizo referencia el alcalde está relacionada con la posible apertura de un expediente sancionador a Linorsa. Advierte que se puede estudiar, aunque "no existe queja formal por parte de los centros educativos", debido a que las trabajadoras siguieron realizando sus labores de limpieza en los colegios públicos, a pesar del impago de las nóminas.

También se podría optar por la apertura de un expediente y rescindir el contrato vigente con Linorsa, como en un principio se llegó a plantear, pero entiende que eso supondría un proceso de "muchos meses", lo que "no resolvería el problema a los trabajadores, que es lo más importante", indicó.

Sobre lo de incluir en un futuro concurso medidas para evitar estas situaciones, como las que se están dando con Linorsa, Jesús Vázquez señala que se le trasladó a los técnicos municipales la necesidad de "adoptar ciertas garantías", pero deja claro que "no depende de nosotros -el gobierno municipal- y debe estar de acuerdo con las normativas vigentes y los pliegos". Por lo que deja claro que "no es una decisión política".

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