La Audiencia Provincial de Ourense ha estimado un recurso interpuesto por la promotora Casas Orense S.A. y ordena al Juzgado de Instrucción número 2 que siga la investigación abierta por la licencia concedida, en 2011, a la residencia universitaria. Con esta decisión, vuelve a verse investigada la exedil Áurea Soto. La querella denunció una supuesta prevaricación por haberse otorgado el permiso sin que la concesionaria hubiera realizado las obras de urbanización del entorno.
Casas Orense S.A., la empresa que lidera la junta de compensación donde se encuentra la dotación, representada por el letrado Antonio Feijóo Miranda, defendía que las obras eran absolutamente necesarias, por razones de seguridad. En un auto emitido con fecha de 22 de abril, la sección segunda de la Audiencia Provincial coincide con la acusación en que "lo hasta ahora practicado acredita que la concesión de licencia no se ajustó en modo alguno a la legalidad urbanística" y, además, en que "se aprecian elementos indiciarios de criminalidad, y por ello concurrencia de los aspectos objetivos que conforman el tipo imputado".
A Soto se le atribuye, en su condición de responsable de urbanismo, la concesión de licencia de ocupación a la residencia universitaria ya edificada "y que ilegalmente venía funcionando desde el año 2001, pese a no contar con las necesarias obras de urbanización a la que la concesión venía condicionada", según subraya el auto. A un técnico, que también figura como investigado, se le imputa la emisión de informe jurídico, "a fin de dar cobertura a la resolución administrativa a adoptar".
La polémica sobre la urbanización del complejo condujo a la clausura de la dotación. La adecuación del entorno, unos 5.000 metros cuadrados, ya ha terminado, tras una inversión de 700.000 euros. La reapertura está pendiente de que el Concello recepcione las obras y de que la empresa presente el proyecto de legalización.
