El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha resuelto que no existe motivo de sanción al presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña, y archiva el expediente abierto por dos supuestas faltas muy graves, después de la denuncias del entorno de la exconcejala del PSOE Marga Martín, imputada por el juez en 2013, en el caso de la ayuda a domicilio.
La Comisión Disciplinaria cierra el caso contra la máxima autoridad de la justicia en la provincia de Ourense, en virtud de un acuerdo adoptado en una reunión celebrada este lunes. El contenido no ha trascendido, puesto que todavía está en fase de notificación a las partes. El gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmaba ayer, a preguntas de FARO, el archivo del expediente abierto a Piña.
La resolución se produce 5 meses después de que el Promotor de la Acción Disciplinaria notificase al magistrado la apertura del expediente. Al magistrado tudense lo ha investigado el órgano rector por la supuesta comisión de dos faltas muy graves. Piña presentó alegaciones y documentación. La Comisión Disciplinaria, que era el órgano que tendría que proponer al pleno una hipotética sanción, considera que los argumentos del magistrado avalan una actuación correcta.
El caso se derivó de varias observaciones formuladas, hasta nueve en un mismo escrito según las fuentes consultadas, por parte del entorno de la exresponsable de Benestar Social en Ourense, Marga Martín. La exconcejal del PSOE permanece imputada desde el año 2013 en el caso de ayuda a domicilio, del que Antonio Piña llevó las riendas hasta su ascenso a presidente de la Audiencia Provincial de Ourense a finales del año 2014. El proceso se inició con una denuncia registrada a finales de 2012 por Democracia Ourensana.
Un mes después de su ascenso, las partes del proceso recibían con sorpresa un auto dictado por el magistrado pese a que ya no era el titular de Instrucción Número Dos de Ourense. Aquella resolución, que se pronunciaba sobre una serie de recursos presentados con anterioridad al traslado -por ejemplo, devolvía los ordenadores incautados a la exconcejala y dos empresarios-, fue anulado por el sucesor de Piña en el juzgado Número Dos, Luis Doval. Este juez apenas ha avanzando en el caso, que continúa abierto, y sobre el que la Fiscalía ha pedido la declaración de complejidad para que tenga una prórroga de otros 18 meses.
Una de las supuestas faltas muy graves atribuidas al presidente de la Audiencia Provincial, y que ahora descarta el Poder Judicial, tenía que ver con el hecho de que dictara aquella resolución, un mes después de su ascenso, cuando supuestamente ya no tenía competencia. Se discutía el hecho de que Piña no hubiera solicitado un permiso que lo habilitara.
La otra cuestión que fue investigada por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria era la pertenencia de Antonio Piña como vocal del consejo rector de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), durante los últimos cuatro años. El entorno de la exedil del PSOE denunció para cuestionar que no hubiera solicitado permiso para compatibilizar esa función, no remunerada, con su cargo de presidente de la Audiencia Provincial de Ourense.
Cabe recurso
El archivo acordado por la Comisión Disciplinaria admite recurso. Unas fuentes indican que ante el propio Poder Judicial. Según otras, ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
