Faro de Vigo

Faro de Vigo

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Una asociación ligada al PSOE pide hasta 17 años para el exdelegado de la Xunta por 4 presuntos delitos

Hay otros 10 imputados por certificar y abonar obras no realizadas que recibieron ayudas de la UE, cuando Rogelio Martínez era alcalde

El exdelegado de la Xunta, Rogelio Martínez. // Brais Lorenzo

Es un paradigma de las causas judiciales que se eternizan. Una década lleva en trámite el proceso contra el exdelegado de la Xunta, Rogelio Martínez, y otra decena de imputados por un presunto fraude en ayudas de la UE, en la etapa en que el exresponsable territorial del gobierno gallego aún era alcalde de Arnoia por el PP. Su caso, por el que han pasado ya 6 magistrados distintos, está más cerca de juicio. La instructora de Ribadavia dio a la Fiscalía y las acusaciones particulares 10 días de plazo para que pidan el archivo o insten juicio. La "Asociación para o Progreso do Ribeiro", vinculada al PSOE, ya ha registrado su escrito de calificación. A Rogelio Martínez le pide casi las mismas penas que a las que se enfrenta Iñaki Urdangarín por Nóos. Los socialistas pretenden un total de 17 años de prisión para el exdelegado de la Xunta, así como varios lustros de inhabilitación pública; 15 sólo por un presunto delito de prevaricación continuada, siendo regidor.

El BNG, que denunció los hechos, renunció hace casi un año a ser acusación. Sólo permanecen el PSOE y un particular. La Fiscalía ha mantenido una línea constante de instar el archivo del proceso. Considera que el dinero supuestamente defraudado no alcanzó la cantidad mínima para ser considerado delito y, que en todo caso, los hechos ya habrían prescrito por el tiempo transcurrido desde la ejecución de los proyectos cuestionados hasta la apertura de las diligencias penales. Es por eso que el ministerio público solicitará el sobreseimiento del caso.

Al solicitar el fiscal el fin del caso sin responsabilidad penal para ninguno de los 11 denunciados, la causa solo podría llegar a juicio por iniciativa de las acusaciones populares. Hay precedentes, en Ourense, de aperturas de dicha fase a petición exclusiva de acusaciones privadas, como fue el proceso contra el exalcalde de Rairiz, Xaquín Rodríguez Ambrosio, que terminó inhabilitado, con el PSOE como única acusación.

A Rogelio Martínez y a la otra decena de personas investigadas se les atribuye presuntos delitos de falsedad, fraude en subvenciones, malversación o prevaricación, por supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones comunitarias, para diversos proyectos de los años 1999 y 2000. Presuntamente, se certificaron obras que nunca se llegaron a materializar. Por aquel entonces, el exdelegado de la Xunta era alcalde de Arnoia y responsable del grupo de acción local Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Val do Miño (Ceivam), la asociación que gestionó las ayudas.

Un galpón por una planta

Según la versión de hechos que plasma el PSOE, el grupo acordó que el beneficiario ejecutaría la construcción de una nave para tratamiento de biomasa, además de presupuestarse gastos en concepto de adquisición por el beneficiario de maquinaria y útiles, equipo de bienestar, prevención y seguridad, y abono de la redacción del proyecto y dirección de obra, siendo el importe total presupuestado de 13 millones de pesetas, con una ayuda pública de 6,5.

Presuntamente, fue certificado la obra en la que se describía la construcción de una planta de biomasa y la adquisición de maquinaria en los términos establecidos, pese a que no se ejecutó la nave descrita en el proyecto, sino que se llevó a cabo una reconstrucción de un galpón ubicado en los montes de Arnoia, y que previamente, en 2001, había sido adquirido por el concello de Arnoia. Los trabajos fueron encargados, supuestamente, a una empresa con vínculo familiar con Martínez, según el PSOE.

Para hacer posible el engaño, a criterio de los socialistas, se emitieron facturas falsas. Según esta acusación, integrantes del grupo "Ceivam" que presidía Rogelio Martínez "con conocimiento de que la obra en la que ahora se justificaba la inversión de una supuesta planta de biomasa ya fuera construida con anterioridad (...) certificaron su realización y adquisición". También se cuestiona una solicitud para construir 5 talleres artesanales con cargo a ayudas públicas. Presuntamente, se incluyeron y certificaron partidas nunca ejecutadas.

El PSOE acusa a Rogelio Martínez de un delito continuado de prevaricación, falsedad continuada en documento público, fraude de subvenciones y malversación de fondos públicos. Pide penas que sumarían 17 años de cárcel. Además, solicita que el exdelegado y otros cuatro acusados depositen una fianza, entre todos, de 172.000 euros, el doble de la cantidad total supuestamente defraudada.

Relevado por Feijóo años después

Pese a que su imputación se remonta a hace varios años, Rogelio Martínez tuvo que dejar el cargo el pasado mes de octubre, incluido en una remodelación de la Xunta con la que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, relevó a la ourensana María José Bravo de la delegación de Vigo, poco tiempo después de su investigación en la Operación Patos.

Compartir el artículo

stats