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La justicia ordena dar la medicación contra la hepatitis C a un preso que espera desde junio

La Audiencia de Ourense: "No hay excusa para no dar igual trato y asistencia que al resto de la población" -Conflicto entre Interior y Sergas sobre quién debe costear el tratamiento a reclusos

20.04.2016 | 10:39
Entrada de la prisión provincial de Ourense, en Pereiro de Aguiar. // Iñaki Osorio

A L. G. G. aún le queda por delante una década de vida entre rejas. Cumple una condena de larga duración y su hábitat está entre los muros y el patio de la prisión. El centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, el penal de referencia de la provincia de Ourense, tendrá que cubrir su grave problema de salud, igual que atiende otras necesidades básicas. Desde junio de 2015, el interno espera por la medicación pautada para tratarse de una hepatitis C crónica, en estadio 4 -la última fase-, tras varios años de evolución.

Anteayer, tras la investigación abierta a dos altos cargos del Sergas por retrasar el tratamiento a varios pacientes, el PSdeG y AGE aprovecharon para pedir a la Xunta que "reaccione" y permita el acceso a los fármacos de la población reclusa. En una sentencia de hace sólo unos días, la Audiencia Provincial de Ourense resuelve la queja del interno de Ourense, ordenando que se le administre, en el propio centro, la medicación pautada, sin necesidad de un traslado a Madrid, tal y como proponía Instituciones Penitenciarias como condición para hacerse cargo del costoso tratamiento.

El tribunal provincial revoca un primer auto del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Lugo, dictado en enero y acuerda "la administración al referido interno, en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar en que se encuentra, de los fármacos Harvoni y Ribavirina, recetados para combatir la enfermedad de Hepatitis C diagnosticada". En una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Cid Manzano, y que aún admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la Sala subraya que "no existe razón o excusa alguna que justifique que a este paciente, por tratarse de un interno del centro penitenciario, y por este único motivo, no se le dispense igual trato y asistencia médica que al resto de la población".

La sentencia da la razón al recurso planteado por la abogada de Ourense Marta Soto Gil, integrante de la Comisión de Asistencia Xurídica Penitenciaria de Ourense (CAXPOU), un órgano que funciona, de forma gratuida, desde hace más de 20 años en el Colegio de Abogados para velar por los derechos de los reclusos. El Reglamento Penitenciario establece que "a todos los internos, sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población. Tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esta atención".

Un tratamiento ambulatorio

La comisión tuvo conocimiento el pasado verano de que dos reclusos de la prisión de Ourense necesitaban tratamiento por el estadio avanzado de su Hepatitis C. El trámite siguió adelante con el interno al que la justicia da la razón. El tratamiento le fue pautado en junio de 2015 por el especialista, en una consulta en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), el centro de referencia.

En un primer momento, la prisión, dependiente de Instituciones Penitenciarias, se negó a dispensar el tratamiento, por lo que se planteó un escrito al Sergas para que se hiciera cargo. El ente de la Xunta no contestó. Entre las administraciones hay litigios en el ámbito de lo contencioso administrativo, por varios territorios de España, ya que el Gobierno central entiende que debe ser la comunidad la que costee los fármacos, al considerar que su uso es hospitalario. Por contra, el Sergas sostiene que, tras el diagnóstico por un especialista en el hospital, es factible un tratamiento ambulatorio, en la propia cárcel, por lo que el desembolso correspondería a la administración central. Esta es la postura que la Audiencia Provincial de Ourense comparte en la sentencia del preso de Pereiro.

La comisión asesoró al interno para que presentara una queja ante Vigilancia Penitenciaria, primero, y la letrada redactó posteriortamente la apelación que ha estimado la Audiencia. Soto defendía que corresponda a quien corresponda pagar, lo primordial es que la penitenciaría, como garante de los reclusos, administre el fármaco vital, una vez que éste ha sido pautado. Sin embargo, el juzgado compartió el criterio de Interior, que alegaba haber ofrecido al interno la posibilidad de un tratamiento, para no poner en riesgo su vida, siempre y cuando fuera trasladado a Madrid, donde existe un convenio con el hospital Gregorio Marañón para dicha clase de asistencia a encarcelados.

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