La abogada Marta Soto Gil, integrante de la Comisión de Asistencia Xurídica Penitenciaria de Ourense (CAXPOU), redactó la apelación contra la decisión del juzgado de Vigilancia Penitenciaria de desestimar el recurso de queja del recluso de Pereiro de Aguiar, basándose en que se le había dado la opción de un traslado a Madrid para recibir el tratamiento. "Él tiene familia aquí, un trabajo dentro de la prisión y un desarrollo en el centro. Trasladarse implica romper con toda la evolución y su entorno".

Instituciones Penitenciarias se mostró dispuesta a afrontar el tratamiento para no poner en peligro su vida. Pero su postura era la de que el interno se cambiara a una prisión madrileña y fuera atendido en un hospital de la capital. La Audiencia de Ourense resuelve que la medicación puede darse "de manera ambulatoria" en la cárcel de Pereiro de Aguiar, sin necesidad de que el enfermo tenga que mudarse. Para la abogada, "Instituciones Penitenciaria va asumiendo el tratamiento a golpe de sentencia, si no evita asumir el gasto, y la medida de ofrecer el traslado a Madrid es una estrategia".

En Castilla León, acuerdo

En este y otros casos de reclusos que, por encontrarse en un estadio avanzado, necesitan con urgencia medicarse contra la Hepatitis C se plantea un conflicto de posturas entre administraciones. Instituciones Penitenciarias entiende que el medicamento es de uso en el hospital, mientras que el Sergas defiende que puede tomarse en tratamiento ambulatorio -tal y como comparte la Audiencia-, por lo que Interior tendría que costearlo. Es un litigio que se reproduce por toda España. En Castilla y León, el ministerio llegó a un acuerdo con la consejería de Sanidad de la Junta para prescribir el tratamiento y hacer el seguimiento de los presos con Hepatitis C en cada hospital de referencia, sin necesidad de traslado a Madrid.