El Concello de Ourense hará público dentro dos semanas el pliego de cláusulas para contratar, mediante concurso público, una banda municipal de música para Ourense. Fuentes del gobierno local ratificaron ayer a FARO que, pese a la contestación social a la suspensión por parte del Concello del convenio con la asociación que lleva la histórica banda -motivo por el que no puede actuar en la ciudad ni estar en sus actos oficiales-, la salida a concurso de este servicio cultural es "la única fórmula legal" para poder seguir teniendo una formación musical a su servicio, sin que el Ayuntamiento incurra en una ilegalidad.
La posibilidad de convertir en funcionarios municipales a los 40 integrantes de la Banda Municipal de Música de Ourense queda descartada, pues nunca dependieron del Concello y además el coste se triplicaría para las arcas municipales. La otra fórmula amparada por ley sería la de fundación o patronato, también inhábil por su complejidad, según el gobierno local, pues obliga a disponer de patronos y/o entidades cofinaciadoras de la banda, algo difícil en estos momentos, lo que no garantizaría el aval anual de los posibles patrocinadores. Así las cosas, la salida a concurso para recibir ofertas se presenta como la única fórmula legal, como así lo han aconsejado diversos informes de técnicos municipales.
El problema se planteó en marzo del pasado año, cuando el grupo municipal de Democracia Ourensana, denunció el sistema de funcionamiento de la banda, pues los 400.000 euros que abonaba por convenio a la Asociación Cultural Ricardo Courtier equivalían a unos 8.000 euros de coste, teniendo en cuenta, según los cálculos de DO, el escaso número de actuaciones de esta formación. Además, DO advirtió que llevaría al juzgado cualquier renovación de convenio por la supuesta ilegalidad de este sistema.
Nueve meses después, la situación sigue en punto muerto y grupos de la oposición como Ourense en Común y ayer el grupo municipal del PSOE, acusaban al gobierno del PP de tener "bloqueada" una institución símbolo de la ciudad, y mostraron su total solidaridad con los músicos que, pese a suspenderse el convenio económico con el Concello, siguen ensayando cada semana, pero no han podido ofrecer ningún concierto. Esto "supone una auténtica frustración para la banda; es muy duro ser músico profesional tener tanto apego después de tantos años a esta ciudad y seguir ensayando, para nada" explica Francisco Javier Gómez Prieto presidenta de la Asociación Cultural Ricardo Courtier.
Según fuentes del gobierno local, las reuniones de la edil de Educación y Cultura, Belén Iglesias, con representantes de la Banda Municipal de Música, han sido constantes para hacerles entender que el Concello "tiene que respetar la ley".
La situación ha causado división interna en la propia banda, en la que hay situaciones personales muy diferente: desde los que tienen en esa pequeña fuente de ingresos una parte importante de su salario, o una gran mayoría que tienen sus profesiones, desde alcaldes a profesores de conservatorio, empresarios o funcionarios.
Por su parte, el grupo municipal del PSOE en el Concello señaló ayer, tras tener conocimiento de que se están recogiendo firmas de apoyo a la Banda Municipal de Música desde el pasado mes de marzo que al igual que esos colectivos ciudadanos cree que "nuestra ciudad merece por su trayectoria en el mundo de la cultura, al ser considerada la Atenas gallega, poder contar con una banda municipal propia", explica.
Advierten que "las adhesiones a esta iniciativa dieron comienzo a principios de marzo, contando a día de hoy con más de 1.500 firmas recogidas".
Por todo ello el grupo socialista pide al gobierno local que "desbloquee de una vez, después de 9 meses, la situación de la Banda Municipal, habida cuenta la importancia de la misma en el campo cultural de nuestra ciudad y la repercusión positiva que tiene en la misma, pues la cultura uno de los 'pozos de petróleo' de cara a el futuro desarrollo de una ciudad de interior y carente de industria".
Si va a concurso, el PSOE pide que el proceso se haga "con la mayor transparencia posible e informando a los grupos políticos de las condiciones del contrato".
