Pese a que su imputación se remonta a hace varios años, Rogelio Martínez tuvo que dimitir el pasado mes de octubre, incluido en una remodelación de la Xunta con la que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, relevó a la ourensana María José Bravo de la delegación territoral de Vigo, poco después de su investigación en la Operación Patos. Martínez regresaba así a la segunda línea política mientras su causa por un supuesto fraude en ayudas de la UE, de su época de alcalde de Arnoia, siguió sin avances. En una providencia de fecha 4 de abril, la juez de Instrucción 1 de Ribadavia continúa el trámite e insta a las acusaciones a que se pronuncien sobre la pertinencia de que el exdelegado de la Xunta en Ourense se siente en el banquillo de los acusados.
La diligencias penales llevan abiertas desde el año 2006. La magistrada es el sexto juez distinto en este proceso. Alguno de los abogados personados aún estaba en la facultad. El BNG, que denunció los hechos, renunció hace casi un año a ser acusación, pese a que había llegado a formular escrito de calificación. Ahora solo permanecen un particular y la "Asociación para o Progreso do Ribeiro", ligada al PSOE.
Otros diez investigados
Las acusaciones populares y la Fiscalía disponen de 10 días para dar su parecer sobre el avance de la causa. El plazo finaliza el próximo 19 de abril. El ministerio público y la acusación popular pondrán por escrito si piden la apertura de juicio oral, especificando por qué delitos, o bien solicitan el archivo.
Además del exdelegado de la Xunta, en las diligencias penales del año 2006 continúan en calidad de investigados otras diez personas. El procedimiento analiza la posible responsabilidad en delitos de fraude o malversación, en un grado de atribución según los imputados que deberán estipular las acusaciones en sus próximos escritos.
La Fiscalía ha mantenido una línea constante de instar el archivo del proceso. Considera que el dinero supuestamente defraudado no alcanzó la cantidad mínima para ser considerado delito y, que en todo caso, los hechos ya habrían prescrito por el tiempo transcurrido desde la ejecución de los proyectos cuestionados hasta la apertura de las diligencias penales.
Al solicitar el ministerio público el fin del caso sin responsabilidad penal para ninguno de los denunciados, la causa solo podría llegar a juicio por iniciativa de las acusaciones populares. Hay precedentes, en Ourense, de aperturas de dicha fase a petición exclusiva de acusaciones privadas. La decisión, en todo caso, corresponderá a la instructora. Fuentes del caso aseguran que en este trámite abierto aún cabría pedir algunas diligencias.
A Rogelio Martínez y a la otra decena de personas investigadas se les atribuye, en responsabilidad por determinar, presuntos delitos de falsedad, fraude, malversación o prevaricación, por supuestas irregularidades en la gestión de subvenciones comunitarias, para diversos proyectos de los años 1999 y 2000. Presuntamente, se certificaron obras que nunca se llegaron a materializar. Por aquel entonces, el exdelegado de la Xunta era alcalde de Arnoia y responsable del grupo de acción local Centro de Iniciativas para el Desarrollo de Val do Miño (Ceivam), la asociación que se encargó de gestionar las subvenciones.
