El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Luis Doval, ha rechazado la petición de la exedil socialista de Urbanismo, Áurea Soto, de llamar a declarar en calidad de investigados a todos los integrantes de la junta de gobierno local que el 26 de octubre de 2006, aprobó el pago de una factura por importe de 61.691,82 euros por la adquisición de unos altavoces que no se llegaron a instalar.
El instructor, que había abierto el pasado 3 de febrero un plazo para que las partes solicitasen -de considerarlo oportuno- nuevas pruebas, mantiene como único investigado al entonces concejal de Comercio, Aurelio Gómez Villar (PP) que, a su vez, ha pedido que declaren en calidad de testigos dos empresarios. El juez sí admite esta petición y ha fijado para el próximo 9 de mayo la comparecencia. Por su parte, el fiscal solicitó formalmente el sobreseimiento libre de la causa al entender que los hechos "no son constitutivos de infracción penal" y que se proceda al archivo "sin más dilaciones con la práctica de diligencias instructoras que nada nuevo aportan a la misma y toda vez que, los hechos denunciados no tienen encuadre penal".
Esta denuncia ya había sido archivada por el mismo juez en julio de 2014 al no ver "arbitrariedad e ilegalidad palmarias y conscientes", pero reabierto después por orden de la Audiencia Provincial que consideró prematuro el cierre inicial y veía relevante que declarasen el interventor municipal, la entonces jefa de contratación y la responsable política que sucedió al investigado. Sus testimonios permitirían "aclarar aspectos esenciales de controversia, como la verdadera existencia o no de procedimiento de contratación, crédito presupuestario o autorización del gasto".
Son las tres declaraciones que se practicaron el pasado 3 de febrero. El alto funcionario afirmó que la compra, por cuantía, debía haber salido a licitación pública, y verificó que no había expediente de contratación. La jefa de servicio tampoco conocía el expediente y la exedil del BNG, Ana Garza, afirmó que un año después del pago de la factura, el material no estaba en el Concello. Para la denunciante, Áurea Soto, llevar la factura fuera de la orden del día y previa declaración de urgencia, supone un indicio de "arbitrariedad y conocimiento de la ilegalidad", ya que "se eludían así los informes jurídicos y el control del oficial mayor".
En su escrito, el fiscal reitera la ausencia de delito y descarta posibles responsabilidades en el resto de la junta de gobierno ya que "el autor sería el concejal al que ya se tomó declaración como imputado por ser el que presentó la propuesta con el informe favorable de la junta de gobierno local, de cuyos miembros no se tiene elemento alguno que pueda apreciar el dolo propio de la prevaricación". También le llama la atención que, habiendo un decreto de delegación de funciones por parte del alcalde a favor del exedil Aurelio Gómez Villar, "no aparezca como querellado el regidor municipal". Señala el fiscal que la "inexistencia de dolo" concurre en los miembros de la junta de gobierno que aprobó la factura "en conformidad" con la propuesta favorable del responsable de Comercio previamente examinada por el jefe de servicio de Réxime Interior y de la que la junta "había tenido conocimiento por primera vez en esa misma sesión".
En su recurso de reforma contra la providencia del pasado 1 de abril en la que el juez rechaza investigar al resto de la junta local, Soto señala que hay pruebas suficientes de que se acordó el pago de la factura de elevado importe "sin seguir procedimiento alguno de contratación", y considera "difícilmente comprensible, y por completo injustificado" que se haya circunscrito la investigación a uno solo de los integrantes. Arremete también contra el "cambiante criterio" del Ministerio Fiscal, a quien también reprocha su "evidente falta de interés en esta causa", respecto a la posible responsabilidad del resto del equipo de gobierno. Criterio que, añade, "cuando se aplicaba a los miembros del anterior gobierno local, consistía indefectiblemente en la imputación a la totalidad de la junta". Para algunos, añade el recurso de Soto, "resulta sorprendente esta nueva vara de medir".
Reitera la existencia de "ilegalidades palmarias" y pide la revocación parcial de la providencia y que se cite en calidad de investigados a todos los miembros de la junta de gobierno.
