Tres casos relacionados con la exedil Áurea Soto continuaban en manos del juez al que planteó una querella por presunta prevaricación. El magistrado Leonardo Álvarez, que no vio motivos para apartarse de los asuntos vinculados a la exconcejala a pesar de su denuncia pendiente de admisión o no a trámite en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), comunicó ayer el cierre de uno de los dos casos en los que la exedil del PSOE seguía como investigada. Por cuarta ocasión, el titular de Instrucción Número 1 niega delito en una denuncia por el derribo de un muro en el entorno del matadero municipal. Álvarez ya había decretado el sobreseimiento en tres ocasiones anteriores, pero la Audiencia Provincial ordenó reabrir para la práctica de más diligencias.
El muro tenía orden de demolición desde años antes a la llegada de la socialista al departamento de Urbanismo, cargo que ejerció desde 2007 a 2015. Soto ordenó el derribo del cierre por haber sido ejecutado fuera de alineación. Paralelamente hubo una solicitud de licencia de un nuevo cierre, que fue concedida con el visto bueno de un técnico y un jurídico. La denuncia aludía a una presunta prevaricación de la exedil. El juez niega la existencia de indicio alguno de irregularidad, al menos no de delito.
Con la medida de archivo notificada ayer a las partes, ahora son dos los procedimientos relativos a Áurea Soto que siguen en fase de instrucción en el juzgado de Leonardo Álvarez. Lleva meses en fase de recursos y a un paso de la apertura de juicio oral, el caso de las asistencias técnicas. La exconcejala de Urbanismo, un funcionario y otros cinco excargos del PSOE y el BNG están investigados por supuesta prevaricación en 5 contrataciones mediante asistencias técnicas en el Concello de Ourense.
En el otro asunto pendiente, Soto está al otro lado. Desde 2014 ejerce la acusación popular en el conocido como caso del 10%. La socialista acusó a los gobiernos del PP de Manuel Cabezas -alcalde entre 1995 y 2007- de "regalar" suelo a promotores, por el hecho de que, entre finales de los 90 y los 2000, no se reclamara para uso público a los constructores al menos el 10 % de sus aprovechamientos privados. Soto denunció una presunta malversación agravada, tras cifrar en 1,6 millones de euros la cantidad que el ayuntamiento dejó de ingresar en 5 años por 15 promociones.
Tras reiteradas solicitudes, el juez Leonardo Álvarez accedió a citar en calidad de investigados al exalcalde Cabezas y a uno de sus exedil de Urbanismo, Julio Díaz Salcedo. Esta previsto que declararan el miércoles 9 de marzo, pero el acto fue suspendido. El juez se enteró por la letrada de Soto de que la exedil y el abogado coruñés Carlos Hernández habían presentado una querella por prevaricación judicial. Acusan al magistrado decano de Ourense de una actuación parcial y sesgada, y de querer perjudicar a la exedil hasta el punto de manipular un auto para poder llevarla a juicio por el caso de la Plaza San Antonio, del que salió absuelta en primera instancia aunque, con la apertura de juicio oral, en enero de 2015, se vio obligada a dimitir por el código ético del PSOE.
Tras decidir que no se abstiene de los casos de Áurea Soto, el magistrado sí pudo interrogar ayer a Cabezas y Salcedo, que declararon a preguntas de sus defensas y el instructor. Argumentaron que el exsecretario Mariano Rodríguez -testigo clave que no ha podido ser interrogado por su estado de salud- informó a favor de no exigir la cesión al Concello del 10% del suelo hasta que existiera un plan adaptado. Era antes del PXOM de 2003.
Los investigados aducen que un acuerdo plenario de 1994, siendo alcalde el socialista Manuel Veiga Pombo, aprobó esa postura, y que no se planteó ninguna objeción en las comisiones ni tampoco hubo informes en contra.
