Algo más de 1.000 euros costará el informe pericial con el que la Fiscalía de Ourense quiere cifrar el mayor atentado ecológico causado al río Barbaña, uno de los delitos contra el medio ambiente más flagrantes de la provincia en los últimos años. Murieron 17.000 peces en junio de 2009 por un vertido industrial con alta concentración de ácido y metales pesados. La causa judicial acumula retraso tras retraso, después de que el juez decretara el archivo, la Audiencia Provincial reabriera y el ministerio público solicitar una prueba clave que se demoró por el impago de la Xunta de Galicia al experto.
El perito requerido, licenciado en Biología, consultor ambiental y experto en Ornitología, tuvo que responder negativamente al encargo al subrayar que la administración le adeudaba, desde noviembre de 2012, unos 1.100 euros, IVA incluido, que el profesional aún no había ingresado en diciembre de 2015, pese a que tuvo que liquidar el impuesto en enero de 2013. "Ante estas condiciones de impago y precariedad laboral, solicito el cobro del informe pericial ya realizado para poder abordar cualquier otro tipo de informe al respecto", dijo el perito.
La Dirección Xeral de Xustiza ha accedido a saldar esa cuantía, tras solicitar al profesional que remitiera la factura original del primer encargo requerido. Además, abonará igualmente el informe ampliatorio solicitado por el ministerio público para poder llegar a juicio. El perito ha presentado un presupuesto para que la Xunta lo autorice.
La Fiscalía pidió una valoración económica de los daños causados por el vertido del 24 de junio de 2009, en el que consten "a) consideraciones previas al estado anterior a la agresión ambiental y b) incidencia de la agresión ambiental sobre los ecosistemas, diferenciando los hábitats, especies de interés, aguas superficiales y subterráneas, así como los usos de dichas aguas y sus aportes".
El perito aclara que, al elaborar el primer informe, ya revisó la documentación de la causa, pero que esta "es limitada o inexistentes para la mayor parte de los extremos que se requieren, especialmente para la diferenciación de hábitats, especies de interés e incidencia sobre las aguas subterráneas". Esa carencia, aclara el biólogo, "podría ser mitigada por una inspección in situ del río Barbaña en su momento actual". Esa acción no aparece incluida en el presupuesto que envió al juzgado de Instrucción 1 de Ourense para que lo remita a la Xunta.
Según sus cálculos, facturaría 800 euros por 20 horas de trabajo, a 40 euros por hora, cumpliendo la tarifa que previamente le estipuló la Xunta de Galicia. Además, añadiría 76 euros en concepto de desplazamientos de Vigo a Ourense (a 0,19 euros el kilómetro), más cerca de 184 euros por el IVA del 21 %. En total, Xustiza tendrá que abonar 1.059,96 euros por esta prueba pericial, si admite la propuesta.
Más de 6 años de instrucción
El conflicto surgido con el perito por el impago de la Xunta provocó un nuevo bloqueo a una investigación que supera ya los 6 años en marcha. Tras varios archivos, el magistrado sigue en el caso por orden de la Audiencia para definir las responsabilidades del mayor atentado ecológico al río Barbaña, un recurso castigado por la contaminación desde hace décadas y en el que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil no prevé completar el saneamiento hasta dentro de un lustro, una vez ejecutada una inversión global de 17 millones, la mayoría con cargo a un plan europeo.
En junio de 2009, un vertido industrial mató a 17.000 veces y causó un impacto en el ecosistema que ha de ser valorado. Retrasos y trabas caracterizan la investigación de este delito ambiental. La labor de la fiscal delegada, Carmen Eiró, ha sido clave para que el caso no quedara en el cajón. También la labor de la plataforma "Ríos Limpios" y su germen vecinal, promotora de la querella. . El Barbaña discurre durante 22 kilómetros hasta desembocar en el Miño, junto al Pabellón de Os Remedios. Los tres principales polígonos industriales que orilla -San Cibrao, Pereiro y Barreiros -son su principal amenaza. En junio de 2009, un vertido de alta concentración de ácido y metales pesados acabó con la fauna fluvial. Murieron 17.000 peces. La contaminación hizo que los niveles de cobre en el río fueran 120 veces superiores a los permitidos y los de cinc, 200 veces mayores.
Ese primer informe y el más pormenorizado encargado el biólogo servirán para que las acusaciones tengan base para pedir indemnizaciones en caso de juicio. Lo que no llegó a determinar el Seprona ni la Confederación es qué empresa provocó el derrame. La causa reveló las carencias de la depuradora de San Cibrao y la red de saneamiento, donde se intensificarán las inversiones. En 2009, la planta carecía de un conductivímetro, que habría frenado el vertido, pese a que estaba obligada a tenerlo tal y como establecía el permiso del organismo de cuenca. La contaminación se habría evitado con ese sistema y activando el "tanque-pulmón" (para eliminar el tóxico con sosa en un proceso físico-químico).
A diferencia del juez instructor, que llegó a archivar el caso al entender que el ámbito para reclamar responsabilidades es el civil, la Audiencia ordenó investigar pese a desconocerse la autoría directa. La sala considera que la EDAR debió poner en marcha sistemas para detectar y frenar los contaminantes. Espina y Delfín, la empresa que la gestiona, sería responsable por omisión. El concello de San Cibrao, el responsable civil subsidiario.
La Fiscalía de Ourense mantiene que existen indicios de un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la modalidad de imprudencia grave, tipificado con entre 1 y 2 años de cárcel y multa de 4 a 8 meses. En el proceso penal han declarado como investigados cuatro personas de la mercantil. Pasaron por el juzgado la administradora solidaria, el jefe de servicio, el encargado de mantenimiento de la planta así como el responsable de control de funcionamiento de la instalación de aguas residuales.
