La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, recibió ayer la querella interpuesta contra el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, por la exedil de Urbanismo, Áurea Soto, y el abogado Carlos Hernández, ambos procesados por este juez por prevaricación administrativa por su intervención en el expediente de legalización de la Plaza de San Antonio y posteriormente absueltos. Sin esperar a que la Audiencia Provincial resuelva el recurso de apelación presentado por el Ministerio Fiscal contra dicha sentencia, la querella plantea que se incoe el correspondiente procedimiento contra el magistrado por delito de prevaricación judicial presuntamente cometido en la instrucción que tuvo su culminación en el auto de apertura de juicio oral de 8 de enero de 2015 y que motivó que Áurea Soto, que había sido la máxima responsable del urbanismo en la ciudad desde 2007 renunciase a su acta de concejal.
Los querellantes piden personarse como acusación particular y proponen a la sala que requiera al juez para que en el término de una audiencia preste fianza en cuantía de 120.000 euros "para garantizar las responsabilidades civiles que en su día pudieran declararse a su cargo". La propia querella establece que, simultáneamente con el ejercicio de la acción penal, "se ejercita la correspondiente acción civil contra el magistrado querellado por los daños causados", cuya cuantía se concretaría en el curso de la instrucción.
Entretanto, el juez Leonardo Álvarez sopesa todavía si se abstiene de seguir instruyendo aquellos procedimientos en los que Áurea Soto es parte, como ya ocurrió el miércoles cuando decidió suspender "por prudencia" la declaración del exalcalde Manuel Cabezas en relación con la denuncia presentada por esta por las cesiones urbanísticas. La exedil figura además como investigada en otros dos casos que instruye el juez decano, el de las asistencias técnicas y otro relacionado con el matadero. Álvarez tiene que tomar una decisión respecto a su participación mientras el TSXG resuelve su admisión a trámite.
La querella planteada por Áurea Soto y Carlos Hernández es especialmente dura contra este magistrado, "quien contra de toda razón y evidencia, mantuvo la instrucción dando pábulo a unas acusaciones que se sabían falsas, sirviéndose para ello de una burda manipulación de la fecha de una sentencia", en relación a una resolución del TSXG presentada con fecha de 2004 cuando en realidad se produjo en 2008.
Señala también que este magistrado "no es el único actor en esta estrategia preconcebida y planificada para influir en la gestión" del entonces gobierno socialista, y señala, aunque sin querellarse, al Ministerio Fiscal "entregado por completo a la causa".
