Áurea Soto (PSOE), responsable de Urbanismo en Ourense entre los años 2007 y 2015, fue objetivo principal de denuncias e imputaciones mientras estuvo en el cargo. "Yo estoy aquí sentada porque era imprescindible para echarme del gobierno municipal", dijo en su derecho a la última palabra en el caso de la Plaza San Antonio, el que la obligó a dimitir en enero de 2015. En el alegato final también acusó al magistrado instructor, Leonardo Álvarez, de haber falsificado un auto y a la Fiscalía, de ocultar resoluciones a favor. Tras salir absuelta de la primera instancia, a la espera de sentencia firme, la exedil da un paso más en su ataque al sistema. Junto al abogado coruñés Carlos Hernández, acusado en el mismo proceso, culpa al juez de una actuación parcial y sesgada durante la fase de investigación, así como de una supuesta connivencia con la Fiscalía y la acusación privada, ejercida por la hija de un promotor con múltiples litigios durante su gestión.
Acusan al instructor de un afán de perjudicar a Áurea Soto para conseguir su dimisión. Dejó el cargo cuando el juez Álvarez abrió juicio oral por presunta prevaricación. Los querellantes descartan que existiera un error en el hecho de que citara una resolución del TSXG con fecha de 2004, cuando en realidad se produjo en 2008. Afirman que la manipuló para poder llevarla a juicio, de modo que así existiría una sentencia anterior a que la exedil ordenara la tramitación de la legalización del complejo de la Plaza San Antonio, aparcamiento privado incluido. Soto y Hernández defendieron en el juicio que el PXOM 2003, aún vigente entonces, permitía el uso privado en el subsuelo de la plaza. Subrayan que el TSXG así lo avaló en 2009, y que todas las resoluciones eran conocidas por el juez instructor.
El representante legal de Soto y Hernández, José Luis Gutiérrez Aranguren, registró a las 14 horas del martes la querella contra Leonardo Álvarez, juez decano de Ourense, por una presunta prevaricación judicial. La denuncia aún no había llegado ayer de registro a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la instancia competente para estudiar casos contra aforados, como son los jueces.
Leonardo Álvarez, "tranquilo"
Después del movimiento de Áurea Soto y Carlos Hernández, tanto el afectado como el fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, anuncian acciones legales contra la exedil. El magistrado sopesa presentar una denuncia por calumnias. El fiscal jefe de Ourense, por su parte, esperará a la decisión de la Sala del TSXG, sobre la admisión o no a trámite. En caso de un archivo inicial, Delgado se plantea abrir diligencias por un presunto delito de calumnias contra Áurea Soto, quien también denunció al responsable provincial del ministerio público ante la Fiscalía General del Estado.
Leonardo Álvarez se mostraba ayer "tranquilo" tras conocer la querella, aunque también admitió su sorpresa. "No me la esperaba". El juez decano de Ourense no tiene intención tan siquiera de "leerla" y respeta la acción adoptada por la exedil. Ayer redundó en una idea que ya había manifestado a FARO, en una entrevista hace unos días: "Esta es la forma de hacer las cosas si ella cree que actué de forma indebida; nada que objetar. Si el TSXG la admite a trámite, contrataré a un abogado e iré a declarar. Todos somos iguales ante la ley"..
La Sala de lo Civil y Penal aplica una criba mayor para las querellas que los juzgados de instrucción de ámbito local. La instancia revisa el fondo de las querellas para determinar si existe base para su admisión, a diferencia de la generalizada aceptación de denuncias que se produce en los juzgados locales si el escrito cumple los requisitos formales y tiene algún viso. En este supuesto, la sala para aforados del TSXG decidirá si admite o no tras nombrar a un instructor para que realice el análisis previo. En el caso de que la admisión a trámite, el TSXG incoaría un sumario, nombrando a un nuevo encargado de la instrucción que acordaría pruebas documentales y la citación a declarar, si procede, de los querellantes y del juez querellado.
