Tras acudir personalmente al juzgado para comunicar su dirección y permitir su citación, el exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas (1995-2007) ha sido llamado a declarar en calidad de investigado por el caso del 10%, en el que un magistrado investiga si existió irregularidad penal en el hecho de que el Concello no exigiera a los promotores privados el 10% de sus aprovechamientos, antes de que hubiera un plan general de urbanismo adaptado. El interrogatorio al exregidor del PP -vocal de la nueva dirección provincial presentada en el congreso de reelección de Baltar- tendrá lugar mañana, ante el juez de Instrucción 1, Leonardo Álvarez.

El magistrado pidió a la denunciante, la exedil del PSOE Áurea Soto, que aportara el DNI o domicilio de Cabezas y Fernando Díaz Salcedo, uno de sus exediles de Urbanismo, para poder citarlos como investigados. La socialista, que ve una malversación de 1,6 millones de euros, instó a preguntar al interventor. Antes de que el Concello contestara, el exregidor optó por facilitar el trámite, acudiendo personalmente al juzgado para dar sus datos.

El magistrado decide interrogar al alcalde que más tiempo estuvo en el cargo en Ourense tras varios intentos fallidos de toma de declaración al testigo clave, el exsecretario Mariano Rodríguez. El técnico, ya jubilado y con problemas de salud, elaboró el informe que daría lugar a un acuerdo unánime del pleno, en el año 1994 -gobernaba el socialista Manuel Veiga Pombo-, a favor de que la institución no exigiera el 10% hasta que hubiera un plan general adaptado. Y esto no sucedería hasta el PXOM de 2003, que sería anulado en firme por el Tribunal Supremo en 2011, lastrando el desarrollo de la ciudad.

Manuel Cabezas ve un aval a su defensa en ese informe del técnico, que entonces era secretario de las comisiones de Urbanismo y de Gobierno, además de secretario del pleno. El exregidor de Ourense argumenta, asimismo, aquel apoyo de todos los grupos, el PSOE incluido, así como que el jefe de servicio en funciones del área de Urbanismo descartó ilegalidad en una contestación al Consello de Contas.